El empresario Rafael Cortés rechazó los señalamientos relacionados con el contrato de arrendamiento del predio Pozo de Donato al restaurante Pizza Nostra, y negó que en dicho proceso exista corrupción, apropiación indebida o detrimento patrimonial. A través de un comunicado, sostuvo que el tema ha sido reactivado para “construir una narrativa funcional a intereses particulares” y desviar la atención de la crisis administrativa que atraviesa la Cámara de Comercio de Tunja.
Cortés aseguró que el contrato ha sido revisado durante más de 20 años por entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría y la jurisdicción contenciosa administrativa, sin que se hayan encontrado irregularidades o sanciones en su contra.
En su pronunciamiento, el empresario defendió las condiciones económicas del arrendamiento, señalando que el canon incluye pagos en efectivo y en especie, y que el restaurante Pizza Nostra ha asumido costos asociados a vigilancia y mantenimiento del predio. Según su versión, estas obligaciones han evitado gastos mensuales adicionales a la Cámara de Comercio.
Pese a estas explicaciones, el debate público se mantiene, en medio de cuestionamientos sobre la conveniencia del contrato, el uso de un bien patrimonial y el impacto institucional que la controversia ha generado en la Cámara de Comercio de Tunja.
Cortés afirmó que las denuncias han afectado su buen nombre, el de su empresa y el de su hijo, quien actualmente hace parte de la junta directiva del gremio. Entre tanto, desde sectores de la Cámara se ha insistido en la necesidad de mayor transparencia en la gestión del patrimonio institucional.
La controversia continúa abierta y se mantiene como un tema de debate en el escenario público y político local.
