Por Mauricio Fernando Muñoz Mazuera
Tristemente, en los últimos años —no solo en los colegios de Pasto, sino en toda Colombia— viene creciendo una situación profundamente preocupante: el acoso escolar en todas sus formas. El matoneo, las agresiones físicas, el acoso de tipo sexual y otras conductas que vulneran gravemente los derechos de los menores de edad están dejando de ser casos aislados para convertirse en una realidad constante. Lo más alarmante no es únicamente que esto ocurra, sino la manera en que muchas instituciones educativas manejan estas situaciones. En lugar de actuar con contundencia, en múltiples casos se opta por el silencio, por “tapar” lo sucedido, trasladando la carga a las familias, quienes terminan siendo obligadas a tomar decisiones difíciles para proteger a sus hijos. De lo contrario, estos menores continúan expuestos a las mismas situaciones de violencia.
Estas situaciones ocurren incluso en instituciones consideradas “de alto nivel” en nuestro municipio. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda pero necesaria: ¿para qué sirven tantos cargos y estructuras administrativas dentro de los colegios si no logran garantizar la protección de los estudiantes? Hace pocos días se conoció el caso doloroso de una niña que habría sido víctima de tocamientos por parte de un docente en una institución educativa de Pasto. Una historia devastadora, no solo para la menor, sino para su familia. Lo que se buscaba no era una reparación económica, sino una reparación de derechos. Sin embargo, esta nunca llegó. El docente fue retirado, posteriormente capturado, pero la niña tuvo que regresar al mismo entorno escolar, al mismo espacio donde ocurrió la vulneración. Tuvo que continuar su proceso educativo en medio del dolor, la revictimización y el silencio institucional.
Este hecho deja en evidencia un fenómeno igualmente grave: la “puerta giratoria”. Los estudiantes víctimas desean salir de esos entornos, pero en muchos casos no son recibidos en otras instituciones, siendo injustamente etiquetados como “problemáticos”, cuando en realidad son víctimas.
La situación se vuelve aún más compleja cuando hablamos de agresiones entre menores. La legislación vigente protege tanto al agresor como a la víctima, lo que en la práctica muchas veces deriva en escenarios de impunidad. A esto se suma la estigmatización que sufren los estudiantes afectados por parte de algunos docentes, administrativos e incluso compañeros. El mensaje que queda es devastador: la ley existe, los protocolos existen, pero en la realidad no son suficientes. Se quedan cortos frente a lo que ocurre dentro de las aulas.
Hoy, el sistema educativo parece más preocupado por el cumplimiento de trámites y cargas administrativas que por su esencia: formar y proteger. Muchos educadores, atrapados en el papeleo, han sido relegados a un rol de simples cuidadores. Sin embargo, esto no puede justificar la pérdida del sentido humano. Los estudiantes no son cifras, son personas. Son, en muchos casos, como hijos dentro del aula.
Y como cualquier padre o madre, el deber ante una amenaza es actuar, proteger y defender. Lo más preocupante es que, ante estas situaciones, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. Se obliga a los estudiantes a permanecer en los mismos entornos donde han sido vulnerados, mientras cargan con la estigmatización y el señalamiento. Este es un llamado directo a la Secretaría de Educación: no basta con tener protocolos. Es urgente revisar lo que realmente está ocurriendo en las instituciones. Escuchar, investigar y actuar con responsabilidad.
Casos como el de Sergio Urrego no pueden repetirse. Y si llegaran a repetirse, quienes conocieron las situaciones —instituciones, docentes, autoridades— deberán asumir su responsabilidad, no solo administrativa, sino también penal y moral. Quien tenga oídos, que oiga
