Por: Jhorman Montezuma
En los últimos días, el departamento de Nariño ha sido testigo de una preocupante escalada de violencia e inseguridad que mantiene en alerta a la ciudadanía. A nivel nacional, el atentado contra el senador Miguel Uribe dejó claro que ni siquiera las figuras políticas están exentas del accionar violento de los grupos armados. Pero lo verdaderamente alarmante es que, mientras el país entero dirige su atención hacia los hechos ocurridos en Bogotá, en Pasto también se vive una situación crítica que parece pasar desapercibida para las autoridades nacionales.
En menos de una semana, se han registrado cuatro intentos de atentado en zonas altamente sensibles de la ciudad: frente a la Universidad de Nariño, contra la exsecretaria de Tránsito, en las inmediaciones del Colegio Pedagógico y en otros puntos donde la presencia ciudadana es constante. Estos hechos no solo alteran el orden público, sino que siembran el miedo y la incertidumbre entre estudiantes, trabajadores y familias que solo quieren vivir en paz.
Lo más preocupante es el silencio institucional. ¿Dónde están las acciones contundentes por parte de la Alcaldía y la Gobernación? ¿Cuál es el plan de seguridad del Gobierno Nacional para Nariño, un territorio históricamente golpeado por el conflicto armado, el narcotráfico y el abandono estatal?
Los nariñenses no pueden acostumbrarse a vivir con miedo, ni a la sensación de que aquí todo queda en la impunidad. No es normal que la comunidad educativa tenga que suspender clases o reforzar su seguridad por amenazas que deberían ser investigadas con celeridad y rigor.
El país no puede seguir concentrando la atención solo en la capital mientras las regiones se desangran en silencio. Nariño clama por presencia institucional, por justicia y por una estrategia real de protección a la vida. Basta de declaraciones; es momento de acciones concretas que devuelvan la tranquilidad a una ciudadanía que resiste, pero que también se cansa.