Carlos Gallardo
En Colombia, ser líder social es, cada vez más, una sentencia de muerte. Lo dicen las cifras, pero también lo grita el miedo en las comunidades rurales, en los barrios populares, en las veredas donde el abandono estatal y la violencia son pan de cada día. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en 2022 fueron asesinados 181 líderes sociales; en 2023, 188; en 2024, 170; y en lo corrido de este 2025, ya se han registrado más de 57 asesinatos. Es una tragedia sostenida que parece haberse normalizado en los pasillos del poder.
¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo si a quienes se levantan para defender el agua, el territorio, la paz, los Derechos Humanos o la dignidad de su pueblo, se les responde con balas? ¿De qué sirve firmar acuerdos de paz si la guerra social continúa? Las cifras no solo muestran una tendencia alarmante; son una muestra brutal del fracaso institucional para garantizar la vida, el liderazgo y la participación ciudadana en condiciones de seguridad.
El Estado, que tiene el deber constitucional de proteger a sus ciudadanos, parece estar más preocupado por las estadísticas económicas o los titulares políticos del momento. ¿Dónde están las garantías reales para quienes, sin armas y con la voz como única herramienta, trabajan por la transformación social en sus territorios?
Nos preguntamos, entonces: ¿qué pasará con los jóvenes que sueñan con ser líderes? ¿Con aquel los que en sus colegios y universidades aspiran a convertirse en voceros de su comunidad, en defensores de causas nobles, en agentes de cambio? ¿Tendrán que elegir entre el silencio o el cementerio? ¿Entre su vida o su vocación?
Este país, que ha parido grandes figuras de resistencia y lucha social, no puede seguir permitiendo que sus líderes mueran en la impunidad. El liderazgo no debería ser sinónimo de martirio, ni la justicia una promesa de muerte. Es hora de que el Estado actúe con contundencia, no con comunicados vacíos. Porque si seguimos por este camino, el liderazgo social será un recuerdo más de lo que alguna vez fue esperanza.
La situación es aún más preocupante si observamos que estos crímenes no ocurren en el vacío. Detrás de cada líder asesinado hay una red de intereses oscuros, muchas veces ligados a estructuras criminales, economías ilegales, corrupción local y disputas por el control territorial. Pero más grave aún es el silencio institucional, la negligencia en las investigaciones, la ausencia de resultados judiciales. La impunidad es la mejor aliada de los asesinos. Cuando no hay justicia, se envía un mensaje claro: en Colombia, se puede matar a
Hoy más que nunca, es urgente que la sociedad colombiana en su conjunto, instituciones, medios de comunicación, ciudadanía, sector educativo y cultural, alce la voz para exigir garantías reales, políticas públicas efectivas y un compromiso auténtico con la vida. El liderazgo social no puede seguir siendo una actividad de alto riesgo. Colombia no puede seguir enterrando a sus líderes y llorando sus ausencias. Es hora de protegerlos en vida, de acompañarlos, de hacerles sentir que no están solos, que su causa también es la nuestra.
Porque no se trata solo de contar muertos, sino de evitar que sigan cayendo. El Estado no puede seguir de espaldas mientras se extingue la esperanza en las regiones. Proteger a nuestros líderes sociales no es una opción: es una obligación moral, política y constitucional.