Corte Constitucional analiza el costo de la energía para pacientes con equipos médicos
La Corte Constitucional tomó una decisión que podría beneficiar a pacientes que necesitan utilizar equipos médicos conectados permanentemente o durante varias horas al día en sus hogares. El alto tribunal analizó un caso en el que el consumo adicional de energía generado por un dispositivo indispensable para el tratamiento de un paciente comenzó a representar una carga económica importante para su familia.
El caso involucró a un adulto mayor de 86 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que requería oxígeno en su vivienda. Para recibir el tratamiento necesitaba utilizar un concentrador de oxígeno, lo que produjo un aumento en el consumo de electricidad y, por consiguiente, en el valor de las facturas del hogar.
La situación llevó a analizar una pregunta que puede presentarse en muchos hogares: ¿el costo adicional de la electricidad debe ser asumido por la familia del paciente o puede corresponder al sistema de salud?
¿Qué decidió la Corte Constitucional?
La Corte estableció parámetros para determinar cuándo el costo adicional de electricidad asociado al funcionamiento de un equipo médico puede estar relacionado directamente con la prestación del servicio de salud.
El punto central es que, si un paciente necesita un dispositivo médico para continuar un tratamiento en casa, no basta con que el sistema de salud autorice o suministre el equipo. También deben considerarse las condiciones necesarias para que la persona pueda utilizarlo efectivamente.
En determinados casos, cuando la familia no tiene capacidad económica para asumir el incremento de la factura y la electricidad resulta indispensable para mantener el tratamiento, ese costo puede convertirse en una barrera de acceso al derecho fundamental a la salud.
¿Las EPS tendrán que pagar todas las facturas de energía?
No. La decisión de la Corte no significa que las EPS tengan que asumir automáticamente el recibo completo de electricidad de cualquier paciente que utilice un dispositivo médico en su vivienda.
El análisis debe hacerse de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso. Entre los aspectos relevantes están la necesidad médica del equipo, la importancia de mantenerlo conectado, el aumento generado en el consumo de energía y, especialmente, la capacidad económica del paciente y su familia.
Por esta razón, no se trata de una autorización general para trasladar todas las facturas de los hogares al sistema de salud. Lo que busca la decisión es evitar que un paciente vulnerable quede sin un tratamiento indispensable porque no puede pagar el consumo adicional de electricidad que genera el equipo.
El caso de un paciente que necesitaba un concentrador de oxígeno
El caso estudiado por la Corte se originó en la situación de un adulto mayor residente en Andes, Antioquia, quien necesitaba oxígeno domiciliario debido a su condición de salud.
El uso del concentrador incrementó el consumo de electricidad de su vivienda. Para su familia, ese aumento representaba una dificultad económica, por lo que la discusión llegó a los tribunales mediante una acción de tutela.
La controversia permitió a la Corte analizar la relación entre el derecho a la salud y los gastos adicionales que pueden surgir cuando un tratamiento médico debe realizarse en casa.
La electricidad puede convertirse en una condición para recibir el tratamiento
Uno de los aspectos más importantes del pronunciamiento es que la electricidad puede dejar de ser vista únicamente como un gasto ordinario del hogar cuando existe una relación directa entre el suministro eléctrico y la posibilidad de recibir un tratamiento médico.
Por ejemplo, para una persona que depende de un concentrador de oxígeno, desconectar el dispositivo para reducir la factura no necesariamente constituye una alternativa viable. En determinadas condiciones, hacerlo podría interrumpir el tratamiento que necesita el paciente.
La Corte consideró precisamente esta relación al estudiar el caso y señaló la necesidad de analizar si el costo adicional de la energía constituye una barrera económica que afecta el acceso efectivo a los servicios de salud.
¿Qué deberán analizar las EPS?
A partir de los parámetros establecidos por la Corte, las EPS deberán estudiar las condiciones particulares de los pacientes que soliciten que se tenga en cuenta el costo de energía relacionado con un equipo médico.
Entre los elementos que pueden resultar determinantes están:
- La necesidad médica del dispositivo.
- El tiempo durante el cual debe permanecer conectado.
- El incremento que genera en el consumo de electricidad.
- La situación económica del paciente y su familia.
- La existencia de alternativas médicas que permitan brindar el mismo tratamiento.
La decisión busca que las entidades no analicen únicamente si el equipo está incluido dentro de la atención médica, sino también las condiciones materiales necesarias para que el paciente pueda utilizarlo.
También podrían evaluarse alternativas al equipo eléctrico
La discusión no necesariamente termina en quién paga la factura. En determinados casos, también podría estudiarse si existe otra alternativa para suministrar el tratamiento que resulte médicamente adecuada y económicamente viable.
En el caso del oxígeno domiciliario, por ejemplo, se ha planteado la posibilidad de comparar distintas formas de suministro para determinar cuál puede resultar más conveniente de acuerdo con las necesidades del paciente.
Esto significa que la solución debe partir de las condiciones médicas individuales y no simplemente de trasladar automáticamente el costo de la electricidad a una EPS.
Una decisión que puede impactar a pacientes en todo el país
El pronunciamiento genera especial interés entre las personas que utilizan en sus hogares equipos como concentradores de oxígeno y otros dispositivos indispensables para tratamientos domiciliarios.
Para muchas familias, el costo de la electricidad puede pasar inadvertido cuando se trata de un consumo normal. Sin embargo, un equipo que debe funcionar durante buena parte del día puede aumentar considerablemente el consumo mensual.
Cuando además el paciente se encuentra en una situación económica vulnerable, ese incremento puede convertirse en una dificultad adicional para garantizar la continuidad del tratamiento.
La decisión pone el foco en el acceso efectivo a la salud
El caso también abre una discusión más amplia sobre los gastos que rodean los tratamientos médicos realizados en casa. La atención en salud no siempre termina con la entrega de un medicamento o un dispositivo, pues en algunos casos el paciente necesita condiciones adicionales para poder utilizarlo.
La Corte puso el foco precisamente en esa situación: un tratamiento autorizado puede resultar insuficiente si las condiciones económicas impiden que el paciente pueda utilizarlo realmente.
Por eso, la decisión plantea que las entidades responsables deben estudiar las circunstancias concretas y evitar que los costos asociados al tratamiento se conviertan en una barrera para personas que no tienen capacidad económica suficiente.
¿Qué deben hacer los pacientes que se encuentren en una situación similar?
Las personas que dependan de un equipo médico conectado a la electricidad y consideren que el costo adicional representa una carga económica que no pueden asumir deben documentar la situación.
Es importante conservar las facturas de energía, contar con la orden o indicación médica correspondiente y demostrar, cuando sea necesario, la relación entre el equipo y el aumento del consumo.
También resulta fundamental solicitar a la EPS que estudie el caso de manera individual, especialmente cuando se trata de un dispositivo indispensable para mantener el tratamiento en casa.
