Soacha, Cundinamarca — Lo que comenzó como un reclamo silencioso entre conductores de transporte público ha escalado en una protesta con impacto social y exigencias directas a las autoridades locales, tras una serie de hechos de violencia, amenazas y denuncias de extorsión que hoy preocupan a gremios, familias y ciudadanos que dependen del servicio en uno de los corredores viales más importantes del país.
La tarde del 17 de febrero de 2026 quedó marcada por bloqueos en la Autopista Sur, uno de los principales ejes de conexión entre Bogotá y Soacha, cuando transportadores decidieron detener sus vehículos y lanzar un mensaje directo a las autoridades: “no podemos trabajar con riesgo de morir o de ser extorsionados”.
De la indignación a la protesta pública
El paro de transportadores no fue un acto improvisado. Voceros del gremio aseguraron que en las últimas semanas han recibido panfletos intimidatorios, amenazas directas y situaciones de violencia real, en algunos casos acompañadas de disparos en sectores como Danubio y Terreros. Según denuncian, estas amenazas exigen pagos o “cuotas” a cambio de poder circular libremente, lo que ha generado un clima de miedo entre quienes diariamente llevan a pasajeros por la Autopista Sur.
El trasfondo de la protesta es grave: varios conductores han reportado incrementos en ataques, amenazas y, según algunos testimonios, incluso el asesinato de un colega ocurrido días antes, hechos que han elevado la tensión entre quienes ven su trabajo como una amenaza permanente a su integridad física.
Caos y consecuencias inmediatas
La acción de cerrar la Autopista Sur no solo fue simbólica; tuvo efectos directos en miles de usuarios del transporte público y del sistema masivo TransMilenio. Los bloqueos obligaron a suspender temporalmente el servicio en varias estaciones —como San Mateo, Terreros, León XIII, La Despensa y Bosa— dejando a miles de pasajeros, muchos de ellos trabajadores y estudiantes, sin opción de desplazarse fácilmente.
Cientos de ciudadanos se vieron obligados a caminar varios kilómetros o buscar alternativas improvisadas para llegar a casa o a sus destinos habituales, generando frustración e incertidumbre entre quienes no estaban directamente involucrados en la protesta pero se vieron afectados por la situación.
Los reclamos: seguridad, justicia y respuestas claras
Los transportadores han señalado que las amenazas y la percepción de inseguridad han aumentado en los últimos meses, y que las medidas oficiales todavía no han sido suficientes para garantizar la integridad de quienes trabajan en rutas nocturnas o en zonas vulnerables.
En varios testimonios recogidos durante las protestas, los conductores repetían un mensaje claro: “Queremos trabajar sin miedo” y exigían mayor presencia de la Fuerza Pública, operativos efectivos contra las bandas que han estado detrás de las amenazas y un compromiso palpable y urgente de las autoridades municipales y de seguridad para proteger su labor cotidiana.
Respuesta institucional y diálogo en marcha
Ante la presión pública, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, convocó una reunión extraordinaria con representantes del gremio de transportadores para abordar las problemáticas de seguridad y buscar rutas de solución por medio del diálogo y la concertación, descartando así una respuesta exclusivamente represiva.
En sus mensajes oficiales, el mandatario ha resaltado la importancia de buscar soluciones que no solo mitiguen la violencia, sino que fortalezcan un esquema de seguridad ciudadana integral, en el que los transportadores puedan recuperar la confianza a la hora de ejercer su labor profesional.
Un llamado por la seguridad laboral
La protesta de Soacha no solo visibiliza un problema de transporte urbano; pone en foco una realidad que impacta directamente en el ejercicio profesional y la vida diurna y nocturna de miles de trabajadores y sus familias. Transportadores y usuarios coinciden en algo: la inseguridad no solo afecta la operación económica del servicio, sino también la tranquilidad de quienes dependen de él para su sustento diario.
Lo que ocurre en Soacha es un espejo de tensiones más profundas en regiones donde la colaboración entre comunidad y autoridades se vuelve indispensable para restaurar la confianza, la seguridad y la estabilidad laboral. En medio de las protestas, la pregunta que muchos se hacen es si el diálogo y las acciones concertadas alcanzarán para devolver la tranquilidad a las rutas que hoy están paralizadas por el miedo.
