En un contexto sociocultural de inequidad, desigualdad, violencia y pobreza, el Gobierno Nacional de Colombia y el sector privado han decidido unirse para brindar soluciones integrales a una de las regiones más golpeadas por el conflicto y la falta de oportunidades: Urabá, una subregión del departamento de Antioquia. Esta alianza tiene como objetivo ofrecer un futuro más prometedor para la población de la zona, a través de la iniciativa Juntos por Urabá.
Urabá, conocida por su gente cálida y trabajadora, es una de las áreas más afectadas por décadas de violencia y marginación. Esta región, a pesar de ser rica en recursos naturales y potencial de desarrollo, ha enfrentado históricamente desigualdades en acceso a servicios básicos como agua, educación y salud, lo que ha contribuido a la pobreza y el desarraigo social. En este escenario, tanto el sector privado como el Gobierno han reconocido la importancia de actuar para mejorar las condiciones de vida de las personas en Urabá.
El Grupo Argos, una de las empresas más grandes del país y un actor clave en esta alianza, expresó su compromiso de dejar una huella positiva y transformadora en la región. Su enfoque en el proyecto «Juntos por Urabá» se centra en el bienestar de las comunidades locales, con un énfasis particular en el acceso al agua potable, la mejora de la infraestructura y la educación. La empresa enfatiza que estas iniciativas no son solo una inversión, sino una responsabilidad social para contribuir a la reconstrucción del tejido social de Urabá, una zona marcada por las cicatrices de la violencia y el desplazamiento forzado.
Por su parte, Laura Sarabia, quien ha sido una figura clave en el Gobierno en la implementación de políticas de inclusión social, destacó que «tener agua y educación no debe tener color político»
La iniciativa Juntos por Urabá no solo es una apuesta para transformar las condiciones de vida de los habitantes de esta subregión, sino que también representa una oportunidad de inversión para el sector privado, que ve en Urabá un territorio de posibilidades. Para el Gobierno, se trata de cumplir con su responsabilidad social y de garantizar que las comunidades más afectadas por el conflicto y la marginalidad tengan acceso a condiciones de vida dignas.
La alianza entre el sector privado y el Gobierno en Urabá es un ejemplo de cómo, en un contexto marcado por las desigualdades estructurales, las soluciones de largo plazo requieren una acción conjunta, donde el compromiso de las empresas y el respaldo del Estado pueden generar un impacto real en las condiciones sociales y económicas de las poblaciones más vulnerables.

