El salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) se ha convertido en uno de los principales temas de discusión pública en Colombia, luego de una decisión judicial que generó incertidumbre sobre el incremento decretado por el Gobierno Nacional para el año 2026. La controversia involucra no solo el bolsillo de millones de trabajadores, sino también aspectos legales, económicos y sociales de gran alcance.
A finales de 2025, tras no alcanzarse un acuerdo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el Gobierno decidió fijar el salario mínimo mediante decreto. El aumento establecido fue históricamente alto y fue presentado por el Ejecutivo como una medida necesaria para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación, así como para mejorar las condiciones de vida de quienes reciben menores ingresos.
Sin embargo, en febrero de 2026, el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del decreto. El alto tribunal consideró que el acto administrativo no estaba suficientemente motivado desde el punto de vista técnico y jurídico. En particular, señaló que el Gobierno no explicó de manera clara cómo el aumento cumplía con los criterios exigidos por la Constitución y por la normativa vigente, que obligan a tener en cuenta variables como la inflación, la productividad laboral, la participación de los salarios en el ingreso nacional y la situación económica general del país.
Es clave aclarar que esta suspensión provisional no implica la eliminación del salario mínimo ni la obligación de devolver los incrementos ya pagados. La medida es de carácter temporal y busca que el Gobierno subsane las deficiencias señaladas, es decir, que complemente o corrija la motivación del decreto. Mientras esto ocurre, el salario que se viene pagando continúa vigente, sin cambios inmediatos en las nóminas ni en los pagos quincenales de los trabajadores.
Desde el punto de vista jurídico, el Gobierno cuenta con varias opciones. Una de ellas es expedir un nuevo decreto o un acto transitorio que justifique de manera técnica y detallada el aumento, ajustándolo a los parámetros legales. Paralelamente, el proceso judicial de fondo —que determinará si el decreto original es válido o no— podría tardar varios meses en resolverse, prolongando la incertidumbre.
La discusión también tiene efectos colaterales importantes. Muchas pensiones en Colombia están indexadas al salario mínimo, por lo que cualquier cambio o duda sobre su fijación genera preocupación entre los pensionados. Asimismo, los empleadores, especialmente las pequeñas y medianas empresas, siguen de cerca el proceso, ya que un incremento elevado del salario mínimo puede impactar significativamente los costos laborales, la sostenibilidad de los negocios y la generación de empleo formal.
En el trasfondo del debate se enfrenta un dilema estructural: por un lado, la necesidad de garantizar un ingreso digno y proteger a los trabajadores de la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación; por otro, la obligación de preservar la estabilidad económica, evitar presiones inflacionarias adicionales y reducir riesgos sobre el empleo y la informalidad. El marco jurídico colombiano busca precisamente equilibrar estas dos dimensiones mediante reglas claras y criterios técnicos para la fijación del salario mínimo.
En este contexto, el presidente Gustavo Petro ha defendido públicamente el concepto de un “salario mínimo vital”, argumentando que el incremento responde a una visión social orientada a garantizar condiciones de vida dignas. No obstante, el Consejo de Estado ha dejado claro que, más allá de la orientación política, el aumento debe estar debidamente sustentado en los parámetros legales establecidos.
En conclusión, lo que ocurra con el salario mínimo en Colombia dependerá del desarrollo del proceso judicial y de la capacidad del Gobierno para justificar técnica y jurídicamente el incremento decretado. Por ahora, el salario mínimo vigente se mantiene, los pagos realizados no se revierten y el auxilio de transporte continúa aplicándose con normalidad, mientras se define el futuro legal del ajuste salarial para 2026.
