Por: Alina Constanza Silva
Mejorar el servicio y ordenar el tráfico no fue lo que estuvo tras de tan nefasta decisión. Los funcionarios y concejales que apoyaron este negocio, lo menos que la ciudadanía espera es que las autoridades de la fiscalía, procuraría y contralores los investiguen. La razón, el detrimento patrimonial de los intereses del municipio. La pasada administración, en su afán por modernizar la Secretaría de Tránsito de Pasto, optó por una Unión Temporal que dejó en manos privadas la operatividad del servicio. Con un contrato que otorga el 60.11% de los ingresos a la Unión Temporal Servicios de Tránsito Pasto y solo el 39.89% a la Secretaría, la pregunta es inevitable: ¿realmente ameritaba la ciudad entregar semejante tajada de sus recursos a una empresa privada?
Si bien la UT SERT Pasto ha mejorado ciertos aspectos, como la implementación de software, la adecuación tecnológica y el establecimiento de puntos de recaudo bancario, la realidad es que la Secretaría de Tránsito podría haber ejecutado esta modernización sin ceder el control de sus ingresos. La reingeniería del sistema pudo haberse realizado con una estrategia clara, un proceso eficiente y un adecuado control político. Pero, en lugar de eso, se optó por tercerizar el servicio a una empresa que ahora se lleva la mayor parte de los ingresos sin asumir los costos estructurales de la entidad.
No se puede negar que la UT SERT Pasto ha contratado personal y ha extendido los horarios de atención de lunes a sábado de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿fue incapaz la Secretaría de Tránsito de hacer esta reingeniería sin necesidad de una concesión? ¿Se justificaba entregar la administración de los trámites y servicios a una entidad externa cuando era posible reorganizar el proceso internamente?
El grueso de los gastos sigue recayendo en la Secretaría de Tránsito, que debe asumir los costos de nómina, mantenimiento de la infraestructura y otros gastos operativos, mientras que la Unión Temporal solo ha hecho inversiones puntuales, como el arrendamiento de un inmueble para el archivo de historiales vehiculares y algunas mejoras tecnológicas. Sin embargo, todo esto era perfectamente alcanzable con una gestión eficiente y sin necesidad de ceder la operación a una empresa privada que, al final, se queda con la mayor parte del pastel.
El argumento de modernización pierde peso cuando se observa que la Secretaría sigue dependiendo de los ingresos por multas de tránsito, recursos que tienen una destinación específica según el Código Nacional de Tránsito y no pueden utilizarse para cubrir gastos operativos. Es decir, la dependencia financiera de la Secretaría no solo no se resolvió, sino que se agravó, pues ahora dispone de menos recursos mientras debe seguir asumiendo los costos fundamentales del servicio.
Lo que queda en el aire es si esta UT SERT Pasto fue realmente una decisión en beneficio de la ciudad o si, por el contrario, fue una estrategia que debilitó a la Secretaría de Tránsito y fortaleció los bolsillos de una empresa privada. La modernización es necesaria, pero la entrega casi total de la operatividad y los ingresos a una concesionaria deja muchas dudas sobre las prioridades y la visión con la que se gestionó este proceso