Colombia atraviesa, una vez más, un intenso ciclo electoral. En Nariño y en todo el país, las campañas para el Congreso —Senado y Cámara— y para la Presidencia de la República llenan plazas, redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, junto al legítimo debate democrático, se ha vuelto preocupante la deriva hacia la confrontación personal, la descalificación y el insulto como estrategias centrales de campaña. Los electores, cansados de la polarización estéril, reclaman con razón algo distinto: propuestas claras, debates de fondo y un compromiso serio con los problemas reales del país.
Nariño, con su diversidad social, cultural y geográfica, enfrenta desafíos urgentes: pobreza persistente, falta de oportunidades para los jóvenes, precariedad en vías y conectividad, economías ilegales que reemplazan al Estado ausente, y una histórica deuda con el campo.
A nivel nacional, la lista se amplía: seguridad, empleo digno, inflación, acceso a la salud, educación de calidad, transición energética, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional. Ante este panorama, resulta incomprensible que buena parte del tiempo y la energía de las campañas se diluyan en pullas, ataques personales y provocaciones que poco o nada aportan a la solución de estos problemas.
Los recientes episodios de confrontación pública entre figuras políticas y opinadores, que han copado titulares y redes, son un síntoma de esa degradación del debate. Más allá de nombres propios, estos hechos evidencian una práctica peligrosa: sustituir la argumentación por el agravio, la propuesta por el escándalo. Cuando el centro de la campaña es el insulto, pierde la democracia, se empobrece la deliberación pública y se profundiza la desconfianza ciudadana hacia la política.
Las y los candidatos al Senado, a la Cámara y a la Presidencia deben entender que no compiten en un ring, sino en un escenario de ideas. El país no necesita más gritos ni más trincheras ideológicas; necesita claridad programática, viabilidad técnica y coherencia ética. ¿Cómo se financiarán las propuestas? ¿Qué impacto tendrán en las regiones? ¿Cómo se garantizará su ejecución? Estas son las preguntas que esperan respuestas, no memes ofensivos ni ataques ad hominem.
También los partidos y movimientos políticos tienen una responsabilidad ineludible. Deben elevar el estándar de sus campañas, promover debates públicos serios y exigir a sus candidatos respeto por el contradictor. La democracia se fortalece cuando el disenso se tramita con argumentos y cuando la diferencia no se convierte en enemistad. En este sentido, los medios de comunicación y las plataformas digitales juegan un papel clave: priorizar el contenido programático, contextualizar la información y no amplificar la confrontación vacía solo por su potencial viral.
Por su parte, la ciudadanía no es un actor pasivo. El voto informado es una forma de exigir calidad democrática. Premiar con atención y respaldo a quienes presentan propuestas sólidas, y sancionar con indiferencia a quienes solo ofrecen peleas, es una manera efectiva de incidir en el rumbo de las campañas. Los electores quieren saber qué harán los candidatos por el empleo, la seguridad, la educación y la paz; no a quién insultaron o con quién se enfrentaron en redes.
Colombia y Nariño merecen campañas a la altura de sus desafíos. Es tiempo de que las ideas vuelvan al centro, que el respeto marque el tono y que la política recupere su sentido más noble: servir al bien común. Menos insultos y más propuestas no es solo un deseo ciudadano; es una exigencia democrática impostergable.
