Qué ha pasado con la privatización del alumbrado público?

El municipio de Pasto privatizó el servicio de alumbrado público siguiendo la tendencia neoliberal de acabar con todo lo que fuera de carácter gubernamental. Este nefasto legado de los ahora denominados libertarios dejaron en manos del mercado el cobro de este servicio. La privatización fue acompañada de la constitución de una empresa que se suponía iba a optimizar el servicio de alumbrado, pero veinte años después, no solo no se ha mejorado el servicio, sino que se ha vuelto costoso por la burocratización que ha sufrido dicha empresa. Lo único que se demostrado con la privatización del servicio, es que el denominado sector privado no solo es ineficiente, clientelar y corrupto. Entonces, lo que ha pasado con el servicio es deficiente y costoso. Aunado que la empresa constituida ha beneficiado a un grupo político como si fuera su propio patrimonio.
La constitución de la empresa de Servicios de Alumbrado Publico (SEPAL) se justifico porque el alumbrado realizado por CEDENAR era deficiente y su costo estaba a cargo del presupuesto municipal. Además, socialmente los habitantes reclamaban mayor iluminación en la noche porque la oscuridad aumentaba la inseguridad. Atendiendo esta inquietud ciudadana el Concejo Municipal de Pasto en el 2003, decidió autorizar al municipio constituir una empresa orientada a la prestación del servicio de alumbrado público.
A partir de 2004 comenzó la operación formal de SEPAL. Su razón de ser, dotar de iluminación nocturna a la ciudad con el mayor número de lámparas que reemplazará la oscuridad que era permanente en Pasto. Por lo tanto, SEPAL es sinónimo de privatización del alumbrado público. O sea, el municipio se desentendió de su obligación de brindar los servicios públicos esenciales. El aseo y el alumbrado público se privatizaron, o sea, todos los moradores de la ciudad si quieren gozar de estos deben pagar las tarifas que las empresas quieran cobrar.
Una responsabilidad municipal fue pasada a sus habitantes, pero el municipio no se olvidó de seguir cobrando los impuestos; antes, por el contrario, los ha aumentado cuando ha podido. Estos servicios deberían ser financiados con los recursos provenientes del pago de impuestos, porque los ciudadanos pagamos para financiar el costo de la administración, los servicios públicos y la seguridad. Una iniciativa municipal que parecía bien intencionada le impuso una carga al ciudadano inerme gracias a sus concejales que ungían como representantes de la comunidad solo para comprobar veinte años más tarde que el remedio fue peor que la enfermedad.
SEPAL, jurídicamente es una sociedad por acciones de economía mixta, descentralizada de carácter municipal. Para evitar que fuera una institución pública se determinó que el capital social público debía ser menor al 90%. De esta manera, ha funcionado con base en el derecho privado. En la composición accionaria hay un grupo de habitantes denominados minoritarios que representaban el 15.32% de las acciones. Este aporte se tasó con la entrega a la nueva empresa de toda la infraestructura eléctrica de alumbrado público existente en cada sector. En este grupo de accionistas estaban las juntas de acción comunal, consejos comunales, asociaciones de vivienda, urbanizaciones, conjuntos residenciales y particulares. En otras palabras, las redes eléctricas, los transformadores, las bombillas, etc., que eran de los urbanizadores o de los habitantes de un sector de la ciudad fueron entregados en su totalidad a cambio de prestar el servicio de alumbrado y se esperaba que con la operación se generara utilidades que debería pagarse como dividendos cada año por la inversión realizada. La entrega de la infraestructura a la empresa entró a conformar su capital social.
La ley 1150 de 2007 estableció la obligación de informar a los usuarios que se hace con el dinero de carácter público administrado por una entidad de derecho privado. Otra exigencia es acatar lo determinado por la Ley 80 de 1993. El objetivo social de SEPAL es el de prestar el alumbrado en el sector urbano y rural reemplazando al municipio quien era el responsable legal de prestarlo. Sin embargo, todo lo reglado en estas leyes no parece ser acatado por la empresa porque al revisar la página institucional no aparece ni los actos administrativos ejecutados, menos los contratos efectuados y tampoco los estados financieros. Parece ser que el manifiesto por la transparencia no es sino una nota más en la página.
El manifiesto que promocionan afirma que el personal es contratado mediante concurso de méritos, pero la realidad es todo lo contrario. Todos los habitantes de Pasto conocemos que la nómina está integrada por seguidores de un grupo político conservador que tiene una representante a la cámara y un viceministro de transporte. SEPAL, se ha convertido en la promotora política de estos conservadores. A pesar de que el manifiesto ético plantea lo ideal en una organización, la contradicción es palpable porque las personas que han intentado vincularse han sido descartadas si no tienen el aval del jefe político que en este caso es el viceministro. Igualmente, se afirma que la empresa no acepta sobornos, dádivas, recompensas o gratificaciones para la vinculación del personal, pero no existe ninguna publicación donde se pueda constatar que los contratos y la vinculación laboral se ha realizado de esa manera.
Un ejemplo de esta contradicción es el cambio de los estatutos que posibilitó el favorecimiento de la actual gerente que lleva catorce (14) años en el cargo. La modificación consistió en adelantar la fecha de elección o ratificación del gerente antes de que un nuevo alcalde entre a administrar el municipio; o sea, el nuevo burgomaestre no tiene oportunidad de decir ni hacer nada porque al momento de su posesión ya el gerente ha sido ratificado por cuatro (4) años; esto no es sino abuso de poder. Además, que en un cargo de nivel ejecutivo debería ser de libre nombramiento y remoción. Muchas veces se escucha a la gerente hablar de renovación, pero ella es un ejemplo de que eso no es posible. Además, en el manual de funciones se estipula que el gerente debe ser abogado y tener una especialización en temas de energía, que solo ella tiene. Eso se denomina corrupción.
Por estas razones, el manifiesto ético publicado debe ser replanteado en su totalidad, porque, así como esta es una muestra de aquello que se dice popularmente “el papel aguanta todo” porque la realidad como se administra es abiertamente politiquera con recursos que pagamos todos los usuarios.
Utilizar el cargo para motivar un cambio en los estatutos que sólo le benefician al representante legal es un comportamiento indebido y antiético. Igualmente, el ocultamiento de la información financiera impide conocer cuáles han sido los resultados obtenidos cada año. La no publicación de los estados financieros impide saber cuánto se recauda y cuánto se gasta, para ver si ha existido abuso con los fondos, o cuántas personas “trabajan” y si entraron por concurso de mérito, o si ha existido tráfico de influencias y clientelismo. La falta de transparencia en el actuar de la gerente y el ocultamiento de la información genera una opinión negativa en todos los usuarios porque el servicio es deficiente y costoso.
Las modificaciones a los estatutos donde se amplía el objeto social, de tal manera, que ahora ya no es la prestadora del servicio de alumbrado, sino que se la ha convertido en una alcaldía pequeña que contrata personal, hace contratos y apoyar a políticos abiertamente. A pesar de ser una entidad constituida por acciones, no ha existido el primer pago de dividendos a los pequeños inversionistas que alguna vez creyeron que eso era una forma de inversión. Un único reporte encontrado con uno de los buscadores de Google es el elaborado por la organización Value & Risk Rating que señala que para el 2017 los ingresos fueron de $21.264 millones y obtuvo un superávit ridículo de $24 millones. Tal como está constituida la empresa es un monopolio en la prestación del alumbrado, que genera ingresos predecibles porque además recibe el apoyo del municipio con el aumento de las tarifas es incomprensible que solo el superávit sea similar al salario de la gerente.
Contrariando el propósito inicial de su constitución que era el de brindar el servicio de alumbrado y en contravía de la orientación estratégica de penetración en el mercado o su desarrollo se opta por la diversificación de conglomerado añadiendo nuevos productos no relacionados, de tal manera que va desde el ofrecimiento de limpieza y retiro de residuos, plateo y poda de árboles, ornamentación en áreas públicas, siembra y material vegetal, control de hierbas y hasta control fitosanitario, limpieza de la ronda hídrica, recolección y disposición de residuos. Todo esto para justificar la vinculación de personas del grupo político de la gerente y gastar todo lo que ingresa por la venta del servicio y de paso usurpar las funciones de corponariño.
Finalmente, es hora de que el alcalde haga una completa reestructuración de esa organización, o lo mejor sería liquidar y constituir una empresa municipal que se ocupe del aseo, agua, alcantarillado y alumbrado. Tal como está constituida y administrada la empresa de alumbrado público solo le sirve a los políticos aquí señalados y a un grupo de concejales que logran cargos y contratos para sus amigos. Estos denominados representantes del pueblo no se sonrojan cuando proponen exaltación de la gerente disque por su buena gestión. Esta empresa ha encarecido el servicio para los usuarios, ha contaminado el ambiente con un cableado adherido a las fachadas de las casonas del centro de la ciudad. Además, se atreven a justificar que dicha organización se constituye en “modelo empresarial de economía mixta era un referente nacional por su calidad y transparencia”. Pero la razón oculta de esta exaltación se ve cuando los concejales es por los cargos y contratos que reciben.
¿Qué tan positiva ha resultado SEPAL para el municipio?