Colombia no atraviesa una crisis por ausencia de normas, sino por falta de firmeza para aplicarlas. Durante años se ha promovido la idea de que las cárceles cumplen un rol de rehabilitación, cuando en la práctica se han convertido en centros de operación del delito. Muchos criminales ya no temen a la justicia porque saben que el sistema es frágil, las penas son breves y siempre existe algún beneficio a la vista. Esa falsa promesa institucional se cobra vidas, y la muerte del niño en Neiva, perseguido por sicarios, es una muestra dolorosa de ello.
Hoy el delito se normalizó y la prisión se volvió un simple trámite. Desde las cárceles se coordinan asesinatos, extorsiones y amenazas, mientras el Estado se enreda en discursos y excusas. Se habla más de los derechos de los delincuentes que de los derechos de las víctimas. Se protege al agresor y se abandona al ciudadano honesto. Esa distorsión moral es una de las tragedias más profundas del país.
No se puede hablar de reinserción social cuando no hay trabajo, reparación ni responsabilidad real. Tampoco es posible hablar de cambio cuando la cárcel carece de disciplina y autoridad. La resocialización sin sanción efectiva no es transformación, es impunidad disfrazada, y la impunidad alimenta al crimen.
Creo firmemente que las personas pueden cambiar. Creo en las segundas oportunidades. Pero el verdadero cambio no nace de la comodidad ni de la permisividad. Surge del esfuerzo, del trabajo obligatorio, del estudio y del cumplimiento estricto de la condena. Quien quiera transformarse debe demostrarlo todos los días, aportando, reparando y sirviendo a la sociedad que dañó. Quien no esté dispuesto a hacerlo no puede seguir siendo un peligro para el país.
La cárcel debe dejar de ser un gasto inútil y convertirse en un espacio de disciplina y utilidad social. El recluso debe trabajar y contribuir al país que afectó, en lugar de vivir del sacrificio de quienes cumplen la ley. La libertad no puede ser un premio automático para quien no ha saldado su deuda.
Colombia necesita una justicia firme y equilibrada. Firme para que el delito vuelva a generar temor, y justa para castigar al culpable y proteger al inocente. Una justicia que inspire respeto y no burla. Porque cuando el Estado duda, el criminal avanza, y cuando la autoridad se debilita, los inocentes sufren las consecuencias.
La muerte de un niño no puede seguir siendo una estadística más. Debe ser el límite ético de este país. Si Colombia no corrige su sistema judicial, seguirá formando delincuentes y enterrando inocentes. Creer en el cambio no significa tolerar el crimen, sino exigir que quien quiera transformarse pague primero por el daño causado. Es momento de que la ley recupere su autoridad y que los bandidos entiendan, de una vez por todas, que Colombia no es tierra de impunidad.el crimen
