El Ministerio de Defensa confirmó la puesta en marcha del Proyecto Escudo Nacional Antidrones, una de las iniciativas estratégicas más ambiciosas en materia de seguridad y defensa aérea del país, diseñada para enfrentar el uso creciente de drones por parte de grupos armados ilegales y proteger tanto a la población civil como a los integrantes de la Fuerza Pública. El proyecto contempla una inversión superior a los 6,3 billones de pesos, lo que lo convierte en uno de los mayores esfuerzos tecnológicos y operativos del sector defensa en la historia reciente.
Según informó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, por instrucción presidencial se destinará 1 billón de pesos para la primera fase de ejecución del proyecto. Esta etapa inicial marcará el inicio de un despliegue progresivo que combinará capacidades militares, policiales, tecnológicas y normativas para responder a una amenaza que ha transformado el escenario del conflicto armado y la seguridad interna: el uso de drones con fines de vigilancia, ataque y transporte de explosivos por parte de estructuras ilegales.
El Proyecto Escudo Nacional Antidrones se desarrollará bajo un enfoque interinstitucional, con la participación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y contará con el apoyo del Grupo de Drones y Antidrones, recientemente creado para centralizar el análisis, la operación y la toma de decisiones estratégicas frente a este tipo de amenazas. De acuerdo con el ministro, el objetivo principal es garantizar el control efectivo del espacio aéreo, anticiparse a nuevas modalidades de ataque y, sobre todo, salvar vidas.
La estrategia del proyecto se fundamenta en tres líneas estratégicas: legislación y doctrina, entrenamiento y operaciones, y tecnología. Estas áreas permitirán no solo la adquisición de sistemas antidrones, sino también el desarrollo de marcos normativos, capacidades humanas y procedimientos operativos que aseguren una respuesta integral y sostenible en el tiempo. Las propuestas tecnológicas que se presenten serán evaluadas por equipos técnicos, jurídicos y económicos, bajo criterios estrictos de transparencia y rigor institucional.
En la presentación oficial de la iniciativa, el ministro Sánchez subrayó que el proceso de contratación se realizará con total transparencia y mediante contratación directa, exclusivamente con empresas fabricantes respaldadas por sus respectivos gobiernos. El proceso contará con el acompañamiento del Grupo de Transparencia del Ministerio de Defensa y de una firma especializada en contratación estatal, con el fin de garantizar la legalidad y la idoneidad de cada etapa.
Entre los criterios básicos definidos para la contratación se establece que el contrato será directamente entre el Gobierno colombiano y la empresa fabricante, con el respaldo del Estado de origen de dicha compañía. No se aceptarán ofertas de empresas intermediarias, integradoras o comercializadoras, y las negociaciones se realizarán únicamente con los fabricantes o sus representantes legales directos, con el acompañamiento de las embajadas correspondientes.
El proyecto también exige garantías clave como la actualización permanente del software, la capacitación y entrenamiento de instructores para la operación y el mantenimiento de los equipos, la transferencia de tecnología y la realización de pruebas en el entorno operacional colombiano. Asimismo, se establecieron reglas estrictas de integridad, como la prohibición de regalos, invitaciones o cualquier práctica que pueda interpretarse como intento de influencia indebida en el proceso de selección.
Las ofertas deberán presentarse conforme a los procedimientos contractuales establecidos y serán evaluadas por equipos técnicos, económicos y jurídicos, encargados de determinar cuál propuesta responde mejor a las necesidades estratégicas del país. Además, se impondrá un alto nivel de exigencia en los tiempos y condiciones de entrega, teniendo en cuenta el contexto estratégico global y la urgencia de fortalecer las capacidades de defensa aérea.
En conjunto, el Proyecto Escudo Nacional Antidrones representa un paso decisivo en la modernización de la seguridad nacional, al reconocer el impacto que las nuevas tecnologías han tenido en el conflicto armado y al apostar por una respuesta integral, transparente y de largo plazo para proteger a Colombia frente a amenazas emergentes.
