Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso de la República ha encendido las alarmas entre las plataformas digitales de transporte como Uber, Didi, Cabify e InDriver. La iniciativa busca endurecer el control sobre los servicios de transporte prestados en vehículos particulares y plantea sanciones que, en la práctica, podrían significar la salida de estas aplicaciones del país.
¿Qué propone el proyecto?
El proyecto redefine el uso de vehículos particulares para el transporte de pasajeros mediante plataformas digitales como un servicio ilegal cuando no cuente con autorización expresa del Estado. Bajo esta interpretación, la intermediación tecnológica no sería suficiente para justificar su operación.
Multas y sanciones severas
La iniciativa contempla multas de alto valor económico para plataformas, conductores, propietarios de vehículos e incluso terceros que faciliten el servicio. En algunos casos, las sanciones podrían alcanzar cientos de millones de pesos. Además, se establecen multas por cada trayecto realizado bajo esta modalidad.
Inmovilización de vehículos
Los vehículos utilizados para prestar el servicio podrían ser inmovilizados por largos periodos: hasta 60 días en una primera infracción, 90 días en la segunda y 120 días en reincidencias posteriores. Esto representa un fuerte impacto económico para los conductores que dependen de estas plataformas como fuente principal de ingresos.
Posible suspensión de las plataformas
El proyecto también habilita a las autoridades de tránsito para ordenar la suspensión inmediata de las operaciones de estas aplicaciones, sin necesidad de una orden judicial previa. Alcaldes y cuerpos de policía tendrían la obligación de intensificar los controles contra este tipo de servicios.
Críticas y preocupaciones
Desde el sector tecnológico y los gremios que agrupan a estas plataformas se advierte que el proyecto no regula, sino que impone una prohibición de facto. Argumentan que las condiciones planteadas hacen inviable la operación y afectan directamente a cientos de miles de conductores y a millones de usuarios que utilizan estas aplicaciones a diario.
También se ha señalado que la iniciativa podría frenar la innovación, limitar la libre elección de los ciudadanos y profundizar el conflicto histórico entre el transporte tradicional y las nuevas soluciones digitales de movilidad.
Un debate abierto
El proyecto abre un nuevo capítulo en el debate sobre cómo debe regularse la movilidad digital en Colombia. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de control y ordenamiento del transporte, las plataformas y sus usuarios advierten sobre el impacto social y económico que tendría una eventual prohibición.
