Las plataformas digitales de transporte como Uber, Didi y Cabify encendieron las alarmas en Colombia tras la radicación del Proyecto de Ley 347 de 2026 ante el Congreso de la República. La iniciativa, presentada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, busca fortalecer la supervisión estatal sobre los servicios de movilidad, pero ha sido interpretada por el sector digital como una amenaza directa a su permanencia en el país.
Proyecto
El proyecto propone declarar ilegal toda actividad de transporte de personas o carga realizada en vehículos particulares sin autorización oficial, lo que en la práctica afectaría de manera directa a las aplicaciones de movilidad que operan bajo un marco de indefinición regulatoria. Entre los puntos más controversiales se encuentran las sanciones contempladas, que incluyen multas de hasta 726 millones de pesos, la inmovilización de vehículos por periodos que pueden llegar hasta los 120 días y la facultad de cerrar plataformas sin necesidad de una orden judicial.
Además, el articulado extiende la responsabilidad más allá de conductores y empresas tecnológicas. Propietarios de vehículos, así como administradores de conjuntos residenciales, hoteles o centros comerciales que permitan la prestación de estos servicios, también podrían enfrentar sanciones, lo que podría derivar en restricciones privadas para evitar riesgos legales.
Efectos
La reacción más fuerte provino del gremio Alianza In Colombia, que advirtió sobre los efectos económicos y sociales del proyecto. Según el gremio, más de 1,2 millones de cuentas de conductores generan ingresos a través de estas plataformas y más de 21 millones de usuarios las utilizan de forma habitual. “Inmovilizar un vehículo durante semanas o meses implica cortar de tajo el ingreso de una familia”, afirmó José Daniel López, presidente ejecutivo de la organización.
El gremio también señaló que la iniciativa contradice llamados previos de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que han instado a avanzar hacia una regulación clara del sector en lugar de prohibiciones. Asimismo, alertó que algunas disposiciones podrían limitar el debate público al exponer a congresistas y funcionarios a eventuales sanciones por pronunciarse a favor de esta actividad económica.
El Proyecto de Ley 347 de 2026 inicia ahora su trámite legislativo, en medio de un debate que definirá el futuro de las plataformas de movilidad digital y el modelo de transporte que adoptará Colombia en los próximos años.
