La protesta social que hace parte de la presente historia viva y de la memoria del movimiento estudiantil y del pueblo colombiano no puede ni debe dejarse infiltrar, utilizar, deformar ni mucho menos debe dejar que termine siendo manipulada y convertida en vandalismo por cuenta de los diversos grupos de delincuentes comunes e incluso por parte de quienes tienen el interés y la necesidad política de desprestigiar, desconocer, reprimir, acallar y controlar una rebelión social como respuesta ciudadana a las tremendas desigualdades, injusticias y contradicciones que ha desnudado y hecho visible el transcurso de la pandemia del Covid-19.
La última jornada de protesta social realizada recientemente en Pasto dejó de terminar, conectarse o vincularse con los hechos de vandalismo que ya se habían vuelto costumbre en otras anteriores jornadas de rebelión social.
Con el vandalismo ganan quienes buscan que la ciudadanía como sociedad civil rechace, tema, repudie, huya y excluya a la protesta social, a los movimientos estudiantiles, a las organizaciones sindicales, a los distintos sectores organizados de la sociedad civil, generándose un entendimiento consistente en que entonces el remedio es mucho peor que la enfermedad.
Con el vandalismo se pasa de un acercaos a un hacer caos, se pasa de la movilización social, de las marchas sociales, de una oportunidad de acercamiento, de compartir, de expresión y de escucha, al desorden, a la destrucción, a la violencia indiscriminada, incontrolable e incontrolada, con incluso la terrible pérdida de vidas humanas de una y otra parte, de las partes en conflicto, siendo que la vida humana es tan valiosa y hermosa para cualquiera de las partes enfrentadas y siendo que el sufrimiento, el dolor, la rabia y el odio son sentidos tanto por unos como por otros, sin que esto sea efectivamente alguna solución a las causas que producen la rebelión social.
Cuando el Estado colombiano reconoce y garantiza el derecho a la protesta social pacífica, compromete a las partes con la elaboración y capacidad de argumentos para explicar con claridad y contundencia las razones de la rebelión social, siendo entonces la más fácil dejar que pese más el vandalismo que los argumentos políticos que motivan las movilizaciones sociales.
Si el Estado colombiano reconoce que la protesta social es un derecho hay que entender que esta rebelión no puede convertirse en un delito por cuenta del vandalismo, porque la protesta social y los vándalos van en contravía, porque el acercaos no puede ni debe transformarse en un hacer caos, en un río revuelto donde las ganancias son para los pescadores más oportunistas, terroristas, delincuentes y anarquistas violentos, mientras se justifica así entonces la represión, la persecución, la estigmatización y el desprestigio de los líderes de los movimientos sociales, para que así mejor reine la resignación y el conformismo como garantías para mantener los privilegios de unos pocos sobre la pobreza de muchos.
Por: Emilio Coral Ojeda