En una decisión que refuerza la jurisprudencia ambiental de Colombia, el Congreso ha ratificado la declaración del río Arauca como sujeto de derechos. Esta figura legal implica que el Estado, a través de una comisión de guardianes (integrada por delegados del gobierno y comunidades locales), deberá velar por su restauración, mantenimiento y conservación.
La medida es una respuesta a la degradación causada por vertimientos industriales y la minería ilegal en la zona fronteriza. Con esta declaratoria, cualquier proyecto de infraestructura o explotación que afecte la cuenca deberá pasar por filtros ambientales mucho más estrictos, priorizando la salud del ecosistema y de las poblaciones ribereñas que dependen de sus aguas.
