Propuesta legislativa plantea alianza entre Estado, empresa y comunidades para reactivar el campo

Bogotá, D.C., febrero de 2026. En medio del debate sobre productividad territorial y cierre de brechas sociales, el abogado constitucionalista y cabeza de lista al Senado por el Frente Amplio Unitario, Gustavo García Figueroa, presentó una propuesta basada en una Gran Alianza Público-Privada-Comunitaria orientada a democratizar el acceso a la tierra y al capital.

La iniciativa, denominada “Triángulo de la Prosperidad”, plantea un modelo de corresponsabilidad entre el Estado, el sector empresarial y las organizaciones comunitarias. Según el candidato, la meta es articular esfuerzos bajo el principio de que “todos ponen” para enfrentar la informalidad laboral y fortalecer la economía rural.

De acuerdo con cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la informalidad nacional cerró el trimestre octubre-diciembre de 2025 en 55,7 %, un indicador que, a juicio del aspirante, evidencia la necesidad de transformar la estructura productiva desde los territorios.

Tres pilares de la propuesta

El planteamiento distribuye responsabilidades concretas:

  • Sector público: garantizar seguridad jurídica, facilitar acceso a crédito y fortalecer la institucionalidad agraria.
  • Sector privado: aportar innovación, tecnología e integrar a pequeños productores en cadenas de valor formales.
  • Sector comunitario: fortalecer a las organizaciones de base, especialmente las juntas de acción comunal, mediante convenios solidarios y esquemas de participación en proyectos locales.

Reforma rural y formalización

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la consolidación de la Reforma Rural Integral. El candidato insiste en que la formalización de la propiedad es clave para el acceso a crédito, inversión y estabilidad productiva.

Entre las medidas planteadas se encuentran el fortalecimiento de la jurisdicción agraria para resolver conflictos de tierras, procesos masivos de formalización y presencia institucional en regiones afectadas por economías ilícitas, con el fin de ofrecer alternativas productivas legales.

El agro como motor económico

La propuesta subraya el potencial del sector agropecuario como eje de desarrollo. Bajo el esquema planteado, el agro pasaría de un modelo de subsistencia a uno orientado a cadenas productivas modernas, con mayor integración al mercado formal.

El debate sobre esta iniciativa se suma a la discusión nacional sobre cómo dinamizar la economía popular, reducir la desigualdad territorial y avanzar en la estabilización rural. A pocos días del inicio formal de la campaña legislativa, las propuestas de reactivación productiva comienzan a ocupar un lugar central en la agenda electoral.

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