La grave situación de derechos humanos y la falta de medidas de seguridad que garanticen la participación de las víctimas y los excombatientes, pone en riesgo la misionalidad de la JEP, aseguró la Jurisdicción Especial para la Paz al anunciar la convocatoria de una audiencia de seguimiento a las medidas de seguridad de protección a los exintegrantes de las Farc.
La diligencia se llevará a cabo el próximo 26 de febrero en Pitalito (Huila), en la cual autoridades nacionales, departamentales y locales se referirán al estado de implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección y los avances de la política de desmantelamiento de organizaciones criminales.
En la diligencia, que presidirá la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, se ahondarán en los siguientes aspectos: Programa de Protección Integral a excombatientes, implementación territorial del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, así como los avances de la política de desmantelamiento de organizaciones criminales, puntualmente para los departamentos de Caquetá, Putumayo, Huila y Tolima.
La diligencia judicial fue convocada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP en una de las zonas más críticas. Aunque advirtió que el asesinato de firmantes se mantiene, particularmente, en la zona del sur del país, la evidencia judicial indica que en términos generales los crímenes se han reducido en otras regiones, en parte gracias a las intervenciones judiciales ordenadas por la Jurisdicción en el marco del trámite judicial.
La cifras
Los registros indican que en estos cuatro departamentos se han presentado 97 de los 415 crímenes perpetrados entre el 3 de febrero de 2017 y el 10 de febrero de 2024. De ellos, 38 han sido reportados en Caquetá, 15 en Huila, 35 en Putumayo y 9 en Tolima. Es decir, 23% de los ataques contra exFarc-EP han ocurrido en el sur del país, de acuerdo con el registro que lleva la Unidad de Investigación y Acusación.
La Sala también ha determinado que persiste una evidente situación de riesgo para los firmantes del Acuerdo Final de Paz durante su proceso de reincorporación. Los procesos de liderazgo que desempeñan en sus comunidades, ya sea como coordinadores de proyectos productivos o líderes políticos y sociales, están en riesgo debido a las presiones ejercidas por grupos armados ilegales. Estas estructuras los están amenazan y, en muchos casos, los obligan a abandonar las zonas, poniendo en peligro sus contribuciones y esfuerzos por construir un país en paz.