El debate alrededor de la creación de la Promotora Minera de Nariño, Prominar continúa generando reacciones en distintos sectores políticos y sociales del departamento. Mientras desde la Gobernación se impulsa la iniciativa para fortalecer la formalización minera, voces críticas han comenzado a expresar preocupación por el manejo que tendría la empresa.
Una de las posiciones más recientes fue la de la senadora Liliana Benavides, quien manifestó que no se puede permitir que, “en nombre de la formalización de la minería en Nariño, se abra la puerta a intereses privados o nuevas disputas sobre nuestros recursos”.
Serios cuestionamientos
La congresista insistió en que Prominar debe ser “100 % pública, transparente y construida de cara a las comunidades”, advirtiendo que existen múltiples dudas sobre la estructura y funcionamiento de la propuesta que cursa discusión en la Asamblea.
Entre los principales cuestionamientos planteados por Benavides se encuentran quién controlará realmente la empresa, cómo se evitará la infiltración de economías ilegales, cuáles serán las garantías ambientales y qué papel desempeñarán el Gobierno Nacional y el Ministerio de Hacienda dentro del proyecto. Además, también se plantean interrogantes sobre como se protegerán a las comunidades mineras tradicionales y quien manejará los recursos.
Una grave alerta
La senadora también alertó sobre posibles riesgos ambientales relacionados con la expansión minera en ecosistemas frágiles, afectaciones a fuentes hídricas que abastecen a comunidades y cuencas hídricas y riesgos de contaminación por mercurio y deforestación.
“Antes de avanzar en la Asamblea Departamental, exigimos una discusión amplia, técnica y democrática”, señaló la senadora, quien agregó que “la riqueza minera de Nariño debe servir para recuperar el territorio, proteger a nuestra población de zonas auríferas como el Telembí, Barbacoas, Roberto Payán, Magüí Payán, Sotomayor, La Llanada, Samaniego, entre otros, y garantizar que el patrimonio regional permanezca en manos públicas”, indicó la congresista.
La senadora señaló que su postura es que, la empresa debe ser 100%, existir total transparencia, se necesita discusión técnica y socialización oficial amplia y democrática y la minería debe servir para recuperar el territorio, proteger a las comunidades y no para profundizar conflictos.
Patrimonio minero
Dentro de las exigencias planteadas, Benavides reiteró que se debe defender el patrimonio minero de Nariño, la protección de comunidades y el control estatal y legalidad sobre los recursos del departamento. Finalmente, aseguró que continuará cada paso en materia minera para garantizar que cualquier decisión relacionada con la minería en Nariño respete la legalidad, y asegure que el patrimonio de la región permanezca en manos del sector público.
