La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo encendieron las alarmas por el creciente impacto de la minería ilegal en el Páramo de Santurbán, uno de los ecosistemas más importantes para el abastecimiento de agua en el nororiente colombiano. Las entidades advirtieron que la actividad extractiva no autorizada continúa expandiéndose en la zona, generando graves riesgos ambientales y afectando fuentes hídricas estratégicas para millones de personas.
Ante esta situación, ambos organismos solicitaron formalmente a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación para establecer posibles responsabilidades relacionadas con los retrasos del Ministerio de Ambiente en la adopción de medidas y decisiones que permitan proteger de manera efectiva este ecosistema de alta montaña.
Según la alerta institucional, la falta de acciones oportunas habría contribuido a un escenario de incertidumbre que ha favorecido la proliferación de actividades mineras ilegales en sectores sensibles del páramo. La Procuraduría y la Defensoría insistieron en la necesidad de acelerar los procesos administrativos y fortalecer la presencia de las autoridades ambientales y judiciales en la región.
Las entidades recordaron que el Páramo de Santurbán es una reserva estratégica para la conservación de la biodiversidad y el suministro de agua potable para comunidades de los departamentos de Santander y Norte de Santander. Por ello, hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para implementar medidas contundentes que permitan frenar el deterioro ambiental y garantizar la protección integral del ecosistema.
La Fiscalía deberá determinar si existieron omisiones o demoras injustificadas por parte de funcionarios responsables y establecer las acciones correspondientes. Mientras tanto, organizaciones ambientales y líderes comunitarios han reiterado su preocupación por el avance de la minería ilegal y sus posibles consecuencias sobre uno de los páramos más importantes del país.
