La Procuraduría se opuso a la compra de tierras que fue establecida en el Plan Nacional de Desarrollo y con el que el Gobierno Nacional espera comprar los tres millones de hectáreas necesarias para incluirlas en la reforma rural.
El organismo entregó su concepto a la Corte Constitucional que estudia una demanda contra esa ley del gobierno Petro, que alega aparentes irregularidades del proyecto que debatió el Congreso.
«En tanto desconocen el principio de publicidad, el mandato de unidad de materia, la prohibición de no regresividad, así como los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia», resalta el documento.
Proceso
Ya hay un proceso en la corte que trata este mismo caso, por lo que la procuradora general, Margarita Cabello, resaltó que ese artículo de la ley tiene una relación directa con el objetivo principal del Plan Nacional de Desarrollo.
«Si bien es posible identificar alguna conexidad entre los apartes normativos acusados y las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026, lo cierto que dicha relación no es directa e inmediata, en tanto no se aviene con los requerimientos de motivación, temporalidad e idoneidad exigibles», cita la funcionaria.
Proyecto
Además, el organismo reconoce que los procesos que al parecer intentaría aplicar ese proyecto para la compra de tierras, consistirían en proceso que no beneficiarían el acceso a la justicia, por lo que sería un retroceso.
«La desjudicialización de los procedimientos agrarios especiales que establecen las normas acusadas constituye una medida regresiva en punto de la optimización de los derechos fundamentales», dice el documento.
La Procuraduría apoyó los argumentos de los demandantes y pidió que se declare la inexequibilidad de ese punto de la ley del presidente Gustavo Petro, lo que representaría que el Gobierno debe buscar otros mecanismos para alcanzar el objetivo de adquisición de tierras para la reforma rural.