La Procuraduría General de la Nación, a través de su Provincial de Juzgamiento de Pasto, notificó en las últimas horas el fallo de primera instancia contra los integrantes del Concejo Municipal de Ipiales por irregularidades en el ejercicio de sus funciones durante la vigencia 2024. Esto debido a que se sesionó fuera de la sede establecida por la ley.
La investigación disciplinaria, radicada bajo el número D-2024-3533689, se centró en la realización de sesiones plenarias fuera de las instalaciones oficiales y en ese sentido, el ente de control determinó que el traslado de la corporación a sectores como el corregimiento de La Victoria no cumplió con los requisitos legales, constituyendo una falta en el desarrollo de las funciones públicas.
El fallo
De acuerdo con el fallo acogido por la Procuraduría General de la Nación, se establecen responsabilidades diferencias para los concejales, David Fernando Almeida Paredes, William Orlando Benavides Rosero,Iván Darío Chalaca Díaz,Lizandro Aurelio Chamorro Gómez, Adrián Alberto Guerrero Romero, Carlos Alberto Hualpa,Miguel Alejandro Huertas Erazo, Raúl Lisando Malpud Inga, Franco Mauricio Portillo Paredes, Jaime Hernán Revelo Chacón y Edmar Antonio Rosero Estupiñán.
Suspensión
Al respecto, la Procuraduría General de la Nación, informó que nueve de los concejales investigados fueron sancionados con 4 meses de suspensión y una multa económica de 16 millones de pesos para cada uno, al infringir de manera evidente, las normas que rigen en el Consejo de Ipiales, en el sentido de que la corporación debe realizar todas sus sesiones al interior de su sede oficial y, por lo tanto no es permitido sesionar fuera de las mismas.
El mayor castigo
La Procuraduría General de la Nación en su fallo determinó que el ahora exconcejal Miguel Huertas, puesto que renunció al cabildo, para ser candidato a la Cámara de Representantes, fuera castigado con una sanción mayor. En ese sentido, el fallo fue de 6 meses de suspensión y una multa de 26 millones de pesos.
De acuerdo con el documento de la procuraduría, esta pena diferencial a las de los demás concejales, en la cual es evidente una mayor severidad, se debe a que Huertas, fue quien propuso que la sesión del Concejo de Ipiales, se hiciera en el corregimiento de La Victoria. Sobre el particular, lo que consideró la Procuraduría General de la Nación, fue que el concejal Huertas, se aprovechó de su experiencia, para inducir a sus compañeros concejales a cometer el error procedimental.
Lo salvó la campana
Igualmente, la Procuraduría General de la Nación, informó en desarrollo de su fallo, que dos concejales lograron salvarse de la sanción disciplinaria que en estos momentos afecta a sus colegas.
Ellos fueron los concejales, Jaime Revelo y Lizandro Chamorro, quienes, cuando el concejal Miguel Huertas, propuso la sesión en el corregimiento de La Victoria, le quisieron dar a entender que, de acuerdo con las normas vigentes para el funcionamiento del Concejo de Ipiales, esto era improcedente y por lo tanto, no se debía hacer. Finalmente, sus puntos de vista, no fueron tomados en cuenta por el resto de sus compañeros y se aprobó la realización de la sesión del Concejo de Ipiales, en el corregimiento de La Victoria, con el voto negativo de Revelo y Chamorro.
Esta situación, fue tomada en cuenta por la procuraduría, la que valoró para no castigarlos con una sanción el que los dos concejales hayan votado de manera negativa la proposición de sesionar fuera del recinto oficial, por lo que el ente investigador, decidió al momento de decidir su fallo, que no tenían responsabilidad directa de la falta cometida.
Finalmente, la Procuraduría General de la Nación, señaló que la decisión se sustenta en el artículo 225F del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021). Y al tratarse de un fallo de primera instancia, los concejales afectados podrán interponer los recursos de ley correspondientes para apelar la decisión ante instancias superiores.
