En el marco de la II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios advirtió que no basta con ejecutar actividades formales para proteger las semillas nativas de maíz de los pueblos indígenas, sino que se requiere, además, el cumplimiento material y estructural de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en 2023.
El Ministerio Público hizo referencia a la Sentencia T-247 de 2023 de la Corte Constitucional, relacionada con la política pública para la protección, conservación y producción de semillas nativas y criollas, en la que se alertó sobre el riesgo derivado del uso de organismos genéticamente modificados (OGM) en territorios colectivos de grupos indígenas y sobre la ausencia de un marco mínimo de protección de las semillas autóctonas, en particular de las variedades de maíz fundamentales para la historia, las tradiciones, la alimentación y la autodeterminación de estos pueblos.
La Corte aplicó el principio de precaución, reconociendo la relación directa entre semillas, identidad cultural y autonomía de los pueblos indígenas, razón por la cual la Procuraduría enfatizó la urgencia de adelantar las siguientes acciones:
Conformar un equipo interdisciplinario con enfoque técnico y étnico.
Adoptar formalmente la política pública ordenada por la Corte.
Implementar estudios técnicos rigurosos.
Garantizar el monitoreo efectivo de los OGM.
“La decisión constituye un hito jurisprudencial en la protección de las semillas nativas y criollas de maíz, patrimonio genético y diversidad biológica, derechos bioculturales de los pueblos indígenas, soberanía alimentaria, salud humana y medio ambiente”, explicó la Delegada del Ministerio Público.
