La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer si existen responsabilidades de servidores públicos frente a la crisis financiera que estaría afectando la prestación de los servicios de salud en Caquetá, especialmente en el Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia.
La investigación busca determinar si las dificultades en el flujo de recursos y el represamiento de cartera de las EPS Asmet Salud, Nueva EPS y Sanitas estarían ocasionando consecuencias administrativas, financieras y asistenciales para el hospital y sus trabajadores.
Según una queja recibida por el organismo de control, la situación habría provocado retrasos en el pago de salarios, prestaciones sociales y honorarios, además de dificultades para cumplir con proveedores y posibles reducciones o suspensiones de servicios y personal.
La Procuraduría Regional de Instrucción Caquetá ordenó la práctica de pruebas para establecer lo ocurrido e identificar a los posibles responsables. Asimismo, informó que remitirá a la Procuraduría Delegada de Instrucción Tercera para la Vigilancia Administrativa una queja relacionada con el ministro de Salud y los dos últimos superintendentes nacionales de Salud, debido a que la competencia disciplinaria sobre estos funcionarios corresponde a esa dependencia.
