La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato de obra pública para el mejoramiento de vías terciarias en Sutamarchán, Boyacá, cuyo valor supera los 5.600 millones de pesos. La indagación se originó a partir de hallazgos reportados por la Contraloría, relacionados con deficiencias técnicas y posibles fallas en los controles administrativos.
Según el ente disciplinario, la investigación involucra al representante legal del Consorcio Intersuta 2020 y exinterventor del contrato, José Leonardo Álvarez Fonseca, así como a la supervisora Karin Dahiana Páez Barreto, quienes presuntamente habrían validado actas de recibo y autorizado pagos sin verificar de manera adecuada el cumplimiento de las condiciones técnicas pactadas.
El contrato fue suscrito entre el municipio de Sutamarchán y la empresa BYV Ingeniería S.A.S., liderada por Jorge Alberto Boada Serrano y Ricardo Vargas Escobar, y tenía como objeto la construcción de placa huella en zona rural, con el fin de mejorar la conectividad, la movilidad campesina y el acceso a servicios básicos.
De acuerdo con la Procuraduría, se analiza si los responsables de la interventoría y supervisión incurrieron en omisiones al firmar actas de recibo parcial y final, pese a la existencia de observaciones técnicas que cuestionarían la calidad y el estado real de las obras.
Hallazgos bajo la lupa
Los informes de la Contraloría advierten la presencia de grietas y fisuras en cunetas, sardineles, placas huella y vigas, así como desintegración del concreto en varios tramos. También se reportó señalización deteriorada o caída y alcantarillas obstruidas por residuos y sedimentos, lo que podría afectar la durabilidad y funcionalidad de la obra.
El organismo de control fiscal señaló que estas fallas podrían configurar incumplimientos contractuales y un eventual daño al patrimonio público, al tratarse de recursos destinados a infraestructura vial rural.
Con base en estos elementos, la Procuraduría busca establecer si las actuaciones de los investigados se ajustaron a los deberes funcionales y si existió omisión en el ejercicio de los controles que les correspondían.
