Ipiales, 10 de marzo de 2025 – La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ipiales ha iniciado una investigación disciplinaria contra el alcalde Amílcar Pantoja, debido a presuntas irregularidades en la rendición de informes sobre sus viajes oficiales al extranjero. La pesquisa surge tras denuncias de concejales opositores, quienes afirman que el mandatario no cumplió con las exigencias establecidas en la Ley 136 de 1994, que regula las autorizaciones y reportes de viajes de los alcaldes.
Incumplimientos en la rendición de cuentas
De acuerdo con la legislación colombiana, los alcaldes deben:
- Solicitar autorización previa del Concejo Municipal para realizar viajes oficiales fuera del país.
- Presentar un informe detallado sobre los objetivos, costos, duración y beneficios del viaje en un plazo de 15 días tras su regreso.
Sin embargo, el alcalde Pantoja no habría cumplido con estos requisitos tras sus desplazamientos a España, China y México, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de recursos públicos.
Proceso disciplinario en marcha
El 13 de diciembre de 2024, la Procuraduría notificó formalmente a Pantoja sobre la apertura de la investigación. No obstante, el alcalde no se presentó a la citación, lo que obligó a que la notificación se realizara mediante edicto el 3 de enero de 2025.
El caso ha generado un fuerte debate en el municipio, ya que la mesa directiva del Concejo Municipal tampoco exigió el cumplimiento de estas obligaciones, lo que podría derivar en más investigaciones sobre posibles omisiones por parte de otros funcionarios.
El abogado Luis Alberto Baca ha sido designado para adelantar las diligencias del proceso, que busca establecer si hubo negligencia administrativa o mal uso de recursos públicos.
Posibles sanciones y consecuencias
Si la Procuraduría determina que el alcalde incurrió en faltas disciplinarias, Pantoja podría enfrentar sanciones que van desde una amonestación hasta la suspensión del cargo o, en el peor de los casos, la inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Este caso pone nuevamente en el centro del debate la transparencia y el control del gasto público en Ipiales. La ciudadanía y sectores políticos exigen respuestas claras y medidas contundentes para garantizar que los recursos municipales sean utilizados de manera adecuada y con la debida supervisión.
La Procuraduría continuará con la recolección de pruebas y testimonios antes de emitir un fallo definitivo. Mientras tanto, la comunidad sigue a la expectativa de lo que podría convertirse en uno de los mayores escándalos administrativos en la actual gestión municipal.