La Procuraduría General de la Nación en cabeza de Margarita Cabello acompaña el proceso de organización de las elecciones presidenciales 2022 y la Registraduría Nacional ha dado respuesta oportuna a los requerimientos hechos por el órgano de control.
Es así como la entidad ha realizado varios encuentros con agrupaciones políticas y organizaciones que vigilan el proceso electoral en mesas técnicas sobre la tarjeta electoral, los formularios E-14, los jurados de votación y testigos electorales, entre otros temas.
También se han adelantado varios talleres con las misiones técnicas de observación internacional, entes de control, auditores de los partidos y campañas políticas para la socialización del Plan de Garantías Electorales 2022.
El objetivo de las autoridades electorales es el de fortalecer los comicios de presidente y vicepresidente de la República que se llevarán a cabo este 29 de mayo.
En marcha reuniones
Es así como en compañía de la Procuraduría, la entidad ha venido adelantando, diferentes reuniones, mesas técnicas y talleres con las organizaciones políticas, los auditores de los partidos políticos, los organismos de control y las misiones técnicas de observación internacional con el propósito de socializar y concertar diversos temas de cara a las elecciones presidenciales.
TITULO (RECUADRO)
Defiende sanciones
De otra parte, Margarita Cabello, luego de la controversia desatada por la suspensión del cargo de los alcaldes de Medellín, Daniel Quintero, e Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, salió en defensa de las atribuciones de su cargo para separar de su puesto a funcionarios elegidos popularmente.
Al respecto, Cabello manifestó que una interpretación demasiado literal de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó a Colombia por la destitución de Gustavo Petro en 2013, llevaría a que los funcionarios de elección popular en el país no pudieran ser controlados, sino por la justicia penal.
“El Estado de derecho exige la subordinación del poder y de quienes lo ejercen al ordenamiento jurídico. Quienes son elegidos ya no se deben a su partido, sino a toda la comunidad. Cabría entonces preguntar: ¿Impunidad disciplinaria, y por tanto ética, para ellos, quienes solo serían susceptibles de investigación penal? ¿Eliminar todos los controles que estableció la carta política frente a las faltas de ética que no conduzcan a una pena privativa de la libertad y conducir todo a una investigación de ese carácter? ¿Cambiar toda la estructura orgánica de protección a la ética diseñada por la Constitución del 91?”, se pregunta la jefe del Ministerio Público.