En el marco del fortalecimiento del diálogo institucional con la Corte Constitucional, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, presentó un balance de la labor de vigilancia judicial y expuso una propuesta integral de seis líneas de trabajo para superar los obstáculos actuales.
El Jefe del Ministerio Público destacó la prórroga del memorando de entendimiento con ese alto tribunal, suscrito en julio de este año, el cual permitió cruzar información para optimizar la vigilancia de los fallos. A 30 de junio de 2026, «la Procuraduría realizaba seguimiento a 283 sentencias, que abarcan 1.533 órdenes de alta complejidad, cifra que ascendió a 324 sentencias tras un cruce de datos realizado en julio», sostuvo el Procurador.
Esas decisiones judiciales benefician a sujetos de especial protección constitucional, tales como comunidades étnicas, niños, niñas y adolescentes, personas privadas de la libertad y víctimas del conflicto armado, entre otras. «Solo la Delegada para Asuntos Étnicos adelanta el seguimiento de más de 60 sentencias estructurales», señaló Eljach Pacheco.
Nuevo modelo de seguimiento
Para dar respuesta efectiva a ese volumen de órdenes, la Procuraduría reestructuró su organización interna, que combina una coordinación central a cargo de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales, que se encarga de la recepción y direccionamiento, y una ejecución descentralizada, a cargo de las distintas procuradurías delegadas, regionales y provinciales, según su especialidad técnica, cobertura territorial y el enfoque interdisciplinario requerido.
Asimismo, el Jefe del Ministerio Público precisó que ese seguimiento preventivo está acompañado por la facultad disciplinaria. A la fecha se han remitido cuatro informes por posibles incumplimientos, y existen 20 procesos disciplinarios activos, entre los que destacan el seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucional para proteger los derechos al agua, la salud y la alimentación de la niñez del pueblo Wayúu, en La Guajira, y la crisis del sistema penitenciario y carcelario.
Tras identificar deficiencias recurrentes, como órdenes ambiguas, falta de claridad en las autoridades responsables y ausencia de indicadores de resultado, el Procurador planteó a la Corte y a las entidades del Estado una estrategia conjunta para el seguimiento a las órdenes impartidas por el alto tribunal que compone seis fundamentales:
Intercambio estandarizado de información: Flujo periódico y continuo de datos estandarizados sobre órdenes, responsables, plazos y estado de cumplimiento.
Repositorio único accesible: Creación de un sistema centralizado de consulta de sentencias y autos con órdenes a entidades públicas, garantizando transparencia y trazabilidad.
Criterios claros de formulación: Construcción conjunta de parámetros para definir de manera precisa el alcance de las órdenes.
Delimitación de responsables y presupuestos: Diseñar remedios constitucionales ajustados a las competencias legales y a la realidad presupuestal y territorial de los ejecutores, sin restar fuerza vinculante a la orden.
Articulación con planeación nacional: Incorporar las órdenes de fallos estructurales en los instrumentos del Estado, como el Plan Nacional de Desarrollo, los planes territoriales y el Presupuesto General de la Nación.
Fortalecimiento a jueces de primera instancia: Capacitación técnica en trámites de cumplimiento, desacato y modulación de órdenes.
Del mismo modo, hizo un llamado a incorporar activamente a las comunidades afectadas, las veedurías ciudadanas y la academia en los escenarios de seguimiento.
«Solo así el seguimiento dejará de medir simples actuaciones burocráticas y podrá demostrar lo que verdaderamente importa: que los derechos amparados por los jueces se hagan efectivos en la realidad de los ciudadanos», puntualizó el Procurador, Gregorio Eljach Pacheco.
