La Procuraduría General de la Nación elevó la presión sobre la Superintendencia Nacional de Salud y le dio un plazo de tres días hábiles para explicar cuál es la situación actual de Nueva EPS, luego de que venciera la prórroga de la intervención estatal que mantenía bajo control a la entidad.
El organismo de control pidió a la superintendente ad hoc, Luz Marina Múnera, entregar un informe detallado sobre si aún persisten las causas financieras, administrativas y jurídicas que llevaron a la intervención de la EPS, o si la entidad estaría en condiciones de regresar a sus propietarios originales.
La preocupación creció porque la medida de intervención venció a comienzos de abril de 2026 y todavía no existe claridad sobre quién dirige formalmente la EPS, que atiende a más de 11 millones de afiliados en el país. La incertidumbre ha generado alertas sobre posibles riesgos en la prestación del servicio de salud.
Entre los documentos solicitados por la Procuraduría están los informes mensuales de la contralora designada, reportes sobre cuentas médicas, contratación, manejo de recursos y modernización tecnológica. Además, el ente de control quiere conocer si hubo avances reales durante el tiempo de intervención o si los problemas continúan.
Los hallazgos preliminares muestran un panorama preocupante. Según la Procuraduría, Nueva EPS aún presenta retrasos en el pago de cuentas médicas, fallas en la contratación con clínicas y hospitales, rezagos tecnológicos y deficiencias en sus sistemas de información. Incluso, parte del manejo de recursos seguiría realizándose mediante hojas de cálculo manuales, lo que aumenta el riesgo de errores y vulnerabilidades.
