El Ministerio Público instaló este lunes 9 de marzo de 2026 una mesa de seguimiento especial para examinar el borrador de decreto que pretende transformar la compra de Vivienda de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP) en Colombia. La propuesta del Gobierno Nacional busca que las constructoras vendan estas unidades bajo un precio fijo en pesos colombianos, eliminando el sistema tradicional que indexa los valores al salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). Por esta razón, la Procuraduría General de la Nación vigila de cerca los alcances de esta medida, con el fin de garantizar la seguridad jurídica de los proyectos que actualmente avanzan en el país. Asimismo, el ente de control evalúa si la normativa protege realmente el patrimonio de las familias o si, por el contrario, pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las empresas del sector constructor.
Respecto a los detalles técnicos del proyecto, el decreto establece que el comprador conocerá el valor final del inmueble desde el primer momento en que manifieste su voluntad de compra. De igual manera, la normativa prohíbe los reajustes anuales basados en el incremento del salario mínimo, obligando a los vendedores a sostener la cifra pactada inicialmente hasta la entrega de la vivienda. Por tal motivo, cualquier modificación en el costo solo procedería bajo circunstancias extraordinarias relacionadas con el Índice de Costos de Construcción de Edificaciones (ICCE) y con el debido soporte técnico. Además, el borrador fija topes máximos de 135 salarios mínimos para la vivienda VIS y 90 para la VIP, buscando que el mercado mantenga un techo de precios que favorezca el acceso de las poblaciones con menores ingresos.
Procuraduría analiza decreto que fija precios de vivienda en pesos
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Por otra parte, diversas fuentes gremiales como Camacol y reportes verificados en las cuentas oficiales de la Procuraduría resaltan que la incertidumbre jurídica podría frenar la iniciación de nuevas obras en las principales ciudades. Diversos portales de noticias de alta reputación informan que los constructores temen que la inflación y el costo de los insumos superen el precio fijado en pesos, generando pérdidas operativas que paralizarían los proyectos. Adicionalmente, el Ministerio de Vivienda defiende la iniciativa argumentando que el sistema actual castiga al consumidor, quien ve cómo el valor de su futuro hogar aumenta cada enero mientras espera la entrega. Igualmente, las autoridades analizan el impacto de esta medida en el programa «Mi Casa Ya», el cual depende directamente de la clasificación del precio de venta para asignar los subsidios estatales.
En cuanto a la intervención del Ministerio Público, los delegados exigen que el decreto incluya garantías claras para evitar prácticas abusivas por parte de las inmobiliarias que pretendan desconocer los acuerdos previos. Por consiguiente, la mesa de trabajo revisará los efectos económicos y sociales que traería la desvinculación del salario mínimo en un entorno de volatilidad financiera global. Por otro lado, la Procuraduría enfatiza que el Gobierno debe considerar la viabilidad de los créditos hipotecarios, ya que los bancos evalúan el riesgo basándose en proyecciones de valorización a largo plazo. De este modo, la vigilancia institucional pretende equilibrar la balanza entre el derecho a una vivienda digna para los ciudadanos y la estabilidad de una industria que genera millones de empleos directos en el territorio nacional.
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Mientras el Gobierno procesa las observaciones al borrador este martes de marzo, los interesados en adquirir vivienda deben asesorarse correctamente sobre los términos de sus contratos actuales de preventa. La transparencia en la información comercial resulta vital para que las familias no firmen compromisos que incluyan cláusulas de ajuste ambiguas o perjudiciales. De igual modo, los especialistas sugieren que el éxito de este cambio normativo dependerá de una coordinación efectiva entre el Ministerio de Hacienda y las entidades territoriales para compensar posibles desfases en los costos de construcción. Así, la jornada de revisión legislativa cierra con un llamado a la prudencia financiera, reafirmando que la regulación del mercado inmobiliario requiere tanto sensibilidad social como rigor técnico para no comprometer el futuro habitacional de Colombia.
