La Procuraduría General de la Nación, Margarita Cabello, señaló que en estos momentos cursan 100 procesos disciplinarios contra 67 servidores públicos y 33 jurados de votación, entre ellos, dos indagaciones y siete investigaciones contra alcaldes de diferentes partes del país.
La información fue suministrada por la Comisión Nacional de Vigilancia Electoral, que señaló que el organismo de control abrió cuatro indagaciones preliminares contra los alcaldes de Ibagué y Cartagena, el gobernador de Vichada y concejales de San Vicente de Chucurí (Santander); y 9 aperturas de investigación a los alcaldes de Medellín, Manizales, y de los municipios de Caparrapí, Soacha, Puli y Paratebueno (Cundinamarca), y Mogotes (Santander); y concejales de Bogotá y Calarcá (Quindío), por presunta participación en política en las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del 13 de marzo de 2022.
El documento señala que en las 1.825 quejas electorales registradas y clasificadas en 14 categorías, los errores más reiterados fueron los relacionados con la inscripción de cédulas (397), situación que se vivió en el Departamento de Nariño, los cometidos por los jurados de votación: proselitismo en la mesa, inconsistencias en formularios E-14, uso indebido del celular y la omisión en la entrega del tarjetón electoral de consultas pese a la petición de los electores (172); fallas en indicaciones de los puestos de votación (166) y los denominados como varios (159).
Quejas anónimas
A la fecha de corte mencionada, la Procuraduría ha evaluado el 65,15% de las quejas, equivalente a 1.189 casos que generaron 1.089 autos inhibitorios, que en su mayoría corresponden a fallas por problemas en el registro de inscripción de votantes y a quejas anónimas sin datos suficientes para investigar; 73 indagaciones previas, y 27 aperturas de investigación.
Por la pluralidad de casos proferidos como inhibitorios ante la negativa de los jurados a permitir el voto, amparados en la inexistencia del registro del ciudadano en la plataforma, la Procuraduría abrió un macrocaso disciplinario.
Averiguaciones
Mediante esta actuación la entidad busca averiguar, entre otros, si la Registraduría Nacional del Estado Civil contaba con herramientas para asegurar el funcionamiento del programa, los requerimientos técnicos para su utilización, y los controles y pruebas hechos para minimizar riesgos de inconvenientes tecnológicos el día de las elecciones.
Importante compromiso
Por último, el ente de control manifestó su compromiso irrestricto de cumplir las labores preventivas de procesamiento, análisis y resolución de inconsistencias en el menor tiempo posible y con resultados tangibles, para brindar garantías electorales a la ciudadanía de cara a las jornadas electorales previstas para esta anualidad.
Es de anotar que estos procesos disciplinarios, hacen parte de la serie de quejas acumuladas ante diferentes organismos de control, por presuntas anomalías y fraudes, que se habrían presentado en los comicios para el Congreso de la República, del pasado 13 de marzo.