Por modificar contrato y afectar ejecución de obra pública.
Redacción Extra
La Procuraduría Provincial de Tunja anunció la formulación de un cargo único contra Fredy Alexander Garzón Rojas, exalcalde del municipio de Oicatá durante el periodo 2020-2023, por presuntas irregularidades en la suscripción de un modificatorio a un contrato de obra pública. De acuerdo con el Ministerio Público, el exmandatario habría autorizado la construcción de un pozo profundo en el sector Taneca por un valor de 1.813 millones de pesos, cuando el contrato inicial estaba contemplado para la construcción de dos pozos profundos en sectores distintos, utilizando el mismo presupuesto. Esta decisión, según la Procuraduría, podría constituir una falta gravísima cometida presuntamente a título de culpa gravísima.
El ente de control indicó que la actuación de Garzón Rojas estaría sujeta a investigación disciplinaria, y que el procedimiento busca determinar si se vulneraron los principios de transparencia, eficiencia y economía en la ejecución del contrato de obra pública. La Procuraduría también analiza si la decisión del exalcalde generó un perjuicio patrimonial al municipio. El exalcalde, por su parte, no se ha pronunciado públicamente sobre los cargos formulados en su contra. Fuentes cercanas a la Alcaldía señalaron que los documentos del contrato y del modificatorio fueron revisados por la secretaría de planeación y la interventoría de la obra, que certificaron el cumplimiento de los procedimientos administrativos, aunque el Ministerio Público mantiene su cuestionamiento sobre la decisión final.
Especialistas en derecho administrativo señalan que este tipo de casos son complejos, ya que la determinación de culpa gravísima implica demostrar no solo la irregularidad en la actuación, sino también la intención o negligencia extrema en la toma de decisiones que afecten los recursos públicos. Asimismo, advierten que la formulación de cargos no equivale a una condena, sino al inicio de un proceso que garantiza el derecho a la defensa del investigado.
La obra en cuestión buscaba mejorar el suministro de agua potable en Oicatá, un municipio donde la infraestructura hídrica ha sido históricamente insuficiente. Sin embargo, la Procuraduría ha señalado que cualquier desviación de los contratos originales debe ser evaluada con rigor, para evitar posibles daños al erario y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y transparente.
El proceso disciplinario continuará con la notificación formal del cargo al exalcalde y la apertura de plazos para su defensa. Las autoridades de control mantienen el seguimiento del caso y subrayan la importancia de que este tipo de investigaciones se desarrollen con objetividad, preservando tanto los derechos del investigado como el interés público en la correcta gestión de los recursos municipales.
