La reforma laboral liderada por el gobierno de Gustavo Petro ya empieza a cobrar costos reales: Fenalco confirmó el cierre de al menos 63 empresas en distintas regiones del país como consecuencia de los nuevos costos laborales y cambios normativos aprobados recientemente.
Según Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, los empresarios están enfrentando un panorama de alarma. Un sondeo realizado por el gremio revela que el 75 % de los empresarios percibe que la reforma ha impulsado el crecimiento de la informalidad en sus sectores, denunciando que los sobrecostos laborales se están volviendo insostenibles para muchos negocios.
Del total de encuestados:
- El 48 % considera que el incremento de la informalidad es significativo
- El 27 % lo califica como moderado
- Apenas el 6 % cree que no ha tenido efectos apreciables
La reforma incluye medidas como el aumento progresivo del recargo por trabajo dominical y festivo, así como la anticipación del recargo nocturno. Estas modificaciones, sumadas a la reducción de horas de la jornada, han sido especialmente cuestionadas por pequeños comerciantes, quienes aseguran que serán gravemente afectados.
Cabal advierte que muchas de las empresas que ya cerraron son micro, pequeñas y medianas —sectores que suelen operar con bajos márgenes y estrecha dependencia de horas festivas y nocturnas—. Según el presidente de Fenalco:
“Ya hicimos las cuentas: esos recargos elevan los costos laborales entre un 18 % y 35 % para negocios que dependen del horario nocturno, domingos y festivos”.
Las proyecciones del gremio indican que, de mantenerse esta tendencia, el impacto podría ampliarse: un 35 % de los empresarios anticipan que su nivel de empleo disminuirá durante lo que resta del año, mientras que sólo el 13 % espera aumentar contrataciones.
El cierre de estas empresas no solo representa pérdidas económicas, sino también un desafío social: se pierden empleos, se limita el acceso formal al mercado laboral y se refuerza el círculo vicioso de la informalidad.
El fenómeno ya tiene eco político y económico: la discusión sobre si la reforma está siendo aplicada con ajustes razonables o si contiene cargas excesivas ya domina los discursos en gremios, medios y redes sociales. ¿Habrá correcciones en el camino? El tiempo y la respuesta de los actores económicos lo dirán.