En un anuncio que impactará el presupuesto municipal, el alcalde Alexander Baquero radicará en las próximas horas un proyecto de acuerdo ante el Concejo Municipal para destinar $2.000 millones a la alimentación de personas recluidas en los centros de detención transitoria de la ciudad. Esta decisión responde a la inminente finalización de la Ley 2346 de 2024, que asignaba temporalmente a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) la responsabilidad de proveer alimentación en estaciones de policía y unidades de reacción inmediata.
Obligación
A partir del 1 de julio, será obligación de los entes territoriales asumir este gasto, lo que representa un nuevo desafío para los alcaldes, quienes ya enfrentan la carga de múltiples responsabilidades transferidas por el Gobierno nacional. “Con el presidente de la Corte Constitucional, Magistrado Jorge Enrique Ibáñez, estuvimos gestionando una reunión con la exministra de Justicia y Derecho, Ángela María Buitrago, pero ante su reciente renuncia, optamos por realizar dicho traslado presupuestal”, explicó el alcalde.
Recursos
Actualmente, hay aproximadamente 500 personas en detención transitoria en la ciudad, y garantizar su alimentación diaria implicará una reducción de cerca de 10.000 millones de pesos anuales en el presupuesto de Villavicencio. Para cumplir con esta nueva obligación, ha sido necesario recortar recursos de varias dependencias.
El proyecto de adición presupuestal tiene un total aforado de 4.751 millones de pesos, de los cuales $2.000 millones estarán destinados específicamente a la alimentación, mientras que los restantes se asignarán a otros rubros de la Administración.