El representante por el departamento de Nariño de las curules de paz, Gerson Lisimaco Montaño Arizala, manifestó que de común acuerdo sus quince compañeros y él, no votarían el Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2023, si en el mismo no se incluye una adición presupuestal para la indemnización de las víctimas.
Al respecto, Montaño Arizala señaló que en el presupuesto que se discute en estos momentos en el Congreso de la República, se asignó una partida igual a la que correspondió a la vigencia fiscal del 2021..
Es de anotar que la decisión de los representantes de las curules de la paz, fue dada a conocer en el marco de la audiencia pública, denominada ¿Cómo acelerar la indemnización a las víctimas del conflicto en Colombia?, la cual se llevó a cabo en el Congreso de la República.
Declaración
Sobre el particular el congresista de Nariño, informó que al final del evento se leyó una declaración en la que expresaron de manera enfática que en cumplimiento de deber que les embarga de ser los auténticos representantes de las víctimas, “no podrían explicarles como el presupuesto que se destina es igual al del Gobierno anterior, sí se entiende que ahora nos encontramos en un gobierno distinto que se ha comprometido con la paz y con las víctimas.
De acuerdo con lo manifestado por Gerson Lisimaco Montaño Arizala, la bancada de la paz, conformada por 16 representantes, aspira a que el presupuesto destinado a las indemnizaciones administrativas, el cual equivale a 1.2 billones de pesos, al menos se duplique en lo que corresponde al presente año.
“Para ello, nosotros estamos dispuestos a pedir adicionales en el Presupuesto General de la Nación en el presupuesto bienal de las regalías, al igual que unos 300 mil millones de pesos, del nuevo recaudo proveniente de la Reforma Tributaria.
Sobre el particular señalaron que, respecto a sus peticiones, esperan que el Gobierno Nacional se comprometa con sus solicitudes para votar el proyecto de presupuesto, lo que se hará en la presente semana.
Prioridad
Los representantes de las curules de la paz, pidieron también que se establezca una regla que otorgue prioridad al pago de las indemnizaciones administrativas de las víctimas procedentes de los municipios PDET que han sido los más afectados por el conflicto.
La bancada señaló que publicará un informe detallado de los resultados de la audiencia, en el que se destaquen los aportes del Congreso, entidades de Gobierno, sociedad civil y víctimas, añadieron que dicho informe se dará a conocer a la opinión pública el próximo 7 de octubre.
Solicitud al ministro
Luego de la audiencia pública sobre las falencias que presenta el Estado en estos momentos para reparar a las víctimas del conflicto armado, los 16 integrantes de las curules de la paz, que por primera vez se votaron en Colombia en las elecciones del pasado 13 de marzo, le pidieron de manera oficial al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que desde ya se comience con el proceso de estudio para poder destinar más recursos para las indemnizaciones de las víctimas.
En ese sentido, el consenso es que el único camino viable es que se aumente el Presupuesto General de la Nación, lo que le fue expresado al ministro Ocampo.
Precisamente, en el marco de este proceso, los representantes de las 16 curules de paz, han cuestionado que el nuevo Gobierno del presidente Gustavo Petro que se hizo elegir con las banderas de la Paz y una total defensa de las víctimas, presentó y esté discutiendo un presupuesto igual al de la administración anterior para esta población gravemente afectada por la violencia ocasionada por el conflicto armado.
En torno a esta situación, el representante a la Cámara por las curules de paz, en el departamento de Nariño, Gerson Lisimaco Montaño Arizala, hizo énfasis en que es necesario que esta histórica bancada que por primera tiene un espacio en el Congreso de la República, pueda cumplir con su objetivo principal que es el de prestarle el mayor apoyo posible a las víctimas de la violencia en nuestro país.
“Nosotros llegamos al Congreso de la República, con una misión que es de transcendental importancia y en ese sentido nuestra obligación es cumplirla. Las víctimas confían en nosotros y no las podemos defraudar”, afirmó Montaño Arizala.