Las autoridades del suroccidente colombiano activaron un plan de búsqueda urgente para localizar a Dayro Alejandro Herrera Zapata, a quien señalan por cometer graves abusos contra la intimidad de una menor de edad en la ciudad de Cali. La denuncia formal indica que el sujeto escondió de manera premeditada una cámara dentro del baño de su vivienda para registrar imágenes de la hija de su expareja. La madre de la víctima ya entregó todo el material probatorio a la Fiscalía General de la Nación, entidad que coordina los actos urgentes para emitir la orden de captura correspondiente. Por consiguiente, la Policía Nacional difunde la identidad del sospechoso en estaciones y terminales de transporte para evitar que abandone el territorio nacional mientras avanzan las investigaciones judiciales.
La situación de la familia afectada empeora drásticamente debido a los nexos delictivos que el sospechoso mantenía con estructuras de cobro ilegal. Herrera Zapata contrajo múltiples deudas millonarias bajo la peligrosa modalidad de «pagadiario» antes de emprender su huida, dejando a su expareja como el blanco de los prestamistas. La denunciante asegura que sujetos desconocidos llegan constantemente a su residencia en Cali para patear las rejas y exigir el pago del dinero bajo amenazas violentas. Asimismo, estos cobradores intimidan a la mujer y a su hija, quienes ya sufren las secuelas psicológicas del abuso cometido por Herrera. Por tal razón, la madre solicita protección inmediata de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para salvaguardar su vida y la de la menor frente a estos delincuentes.
Presunto depredador sexual huye tras grabar a una menor en Cali
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La inteligencia policial rastrea el paradero del presunto agresor en el departamento de Antioquia, donde contaría con redes de apoyo para ocultarse de la justicia. Las informaciones más recientes sugieren que Herrera Zapata huyó hacia los sectores de Bello, en el Área Metropolitana de Medellín, o hacia el barrio Buenos Aires en la capital antioqueña. De igual manera, la madre soltera víctima de este sujeto reporta que recibe constantes amenazas de muerte directas a través de mensajes de texto desde que denunció los hechos públicamente. Por otro lado, las autoridades locales de Medellín y Bello mantienen una vigilancia especial en los puntos de hospedaje informal para detectar cualquier movimiento del prófugo. De este modo, la presión institucional busca cercar al sospechoso antes de que logre establecerse en una nueva zona residencial.
La Fiscalía General de la Nación y la Policía de Infancia y Adolescencia reiteran la importancia de denunciar estos casos de vulneración a través de la Línea 141 del ICBF o la Línea 123. Las fuentes oficiales subrayan que la grabación de menores de edad sin su consentimiento constituye un delito grave que conlleva penas de prisión severas en el código penal colombiano. Asimismo, el ente acusador analiza las pruebas digitales recuperadas de los dispositivos que el sujeto utilizó para determinar si existen más víctimas vinculadas a esta red de pornografía infantil o abuso. Por tal motivo, los peritos del CTI trabajan a contrarreloj para blindar el expediente judicial y garantizar que Herrera Zapata enfrente una condena ejemplar una vez los uniformados logren su captura efectiva.
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Finalmente, la comunidad y los grupos de protección a la mujer en redes sociales viralizan la fotografía del sospechoso para facilitar su identificación por parte de los ciudadanos. Mientras la víctima y su madre intentan reconstruir su vida en medio del asedio de los cobradores de deudas, el sistema judicial colombiano enfrenta el reto de capturar a un hombre que representa un peligro inminente para la sociedad. De esta manera, el caso de Dayro Alejandro Herrera Zapata pone de relieve la vulnerabilidad de las familias frente a depredadores que operan dentro del entorno doméstico y luego se vinculan con el crimen organizado. La búsqueda continúa sin descanso por todo el territorio antioqueño y vallecaucano, esperando que el clamor de justicia de una madre soltera encuentre una respuesta rápida y contundente por parte del Estado.
