El presidente Gustavo Petro defendió públicamente el proyecto de decreto que fija en 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes el precio máximo de la Vivienda de Interés Social (VIS), en respuesta a las críticas del sector constructor, especialmente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol). Según el mandatario, esta medida busca garantizar que la VIS sea realmente vivienda popular y no termine desvirtuándose su propósito social.
A través de su cuenta en la red social X, Petro sostuvo que el denominado “salario vital” no genera un aumento sustancial en el precio de la vivienda, ya que los costos laborales representan alrededor del 20% del valor total de una construcción, minimizando así los riesgos económicos y jurídicos advertidos por el gremio constructor. Con esto, el presidente descartó que la política tenga efectos negativos significativos sobre el mercado inmobiliario.
El jefe de Estado explicó que elevar el tope de precios de la VIS implicaría alejar la política pública de su objetivo central, que es permitir el acceso a vivienda digna a los hogares de menores ingresos. A su juicio, cuando se sube el techo del precio, la vivienda deja de ser verdaderamente popular y se convierte en un producto inaccesible para quienes realmente la necesitan.
Además, Petro lanzó una advertencia directa a Camacol y a las constructoras afiliadas, señalando que no deben ofrecer promesas de compraventa indexadas al salario vital, ya que esta práctica es ilegal. Insistió en que el valor de las viviendas debe pactarse claramente desde el inicio y bajo las reglas vigentes.
En paralelo, el Ministerio de Vivienda informó que el proyecto de decreto fue publicado para observaciones ciudadanas, en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. La cartera aclaró que la medida no constituye un control de precios, sino un mecanismo de protección financiera para las familias compradoras, evitando incrementos inesperados durante el proceso de adquisición de la vivienda.
El ministerio recordó que, según la normatividad actual, el precio total de la vivienda debe fijarse en pesos colombianos desde el inicio del contrato, sin indexaciones automáticas al salario mínimo. Esta aclaración cobra especial importancia tras el incremento del 23% del salario mínimo para 2026, que podría generar aumentos abruptos en el valor final de las viviendas si se permitieran ajustes automáticos.
Finalmente, el decreto establece que cualquier ajuste en el precio solo podrá responder a variaciones reales en los costos de construcción, respetando los valores acordados desde etapas como la separación, la promesa de compraventa o los encargos fiduciarios. Con ello, el Gobierno busca brindar mayor seguridad jurídica y estabilidad económica a las familias que acceden a programas de vivienda social.
