El presidente Gustavo Petro denunció públicamente que existiría una presunta alianza entre investigadores de la Fiscalía General de la Nación y agentes de inteligencia del Estado para impedir la extradición de Diego Marín Buitrago, un señalado contrabandista y lavador de dinero que actualmente se encuentra en Europa.
Según el mandatario, esta supuesta red habría actuado con el objetivo de apropiarse de parte de la fortuna ilícita del acusado y evitar que fuera trasladado a Colombia para enfrentar la justicia. Petro afirmó que incluso hubo intermediarios que, por un lado, le aseguraban a Marín en Europa que no sería juzgado, mientras que en Colombia sostenían lo contrario, generando una doble estrategia para frenar su extradición.
El presidente también reveló que intervino directamente en el proceso, contactando al jefe de Gobierno de España y al primer ministro de Portugal con el fin de facilitar la extradición. Sin embargo, pese a esas gestiones diplomáticas, el proceso no se concretó.
En sus declaraciones, Petro lanzó fuertes críticas contra la Fiscalía, señalando posibles irregularidades internas. Cuestionó que las investigaciones contra Marín se hayan enfocado únicamente en hechos recientes (desde 2023), ignorando —según él— una trayectoria de infiltración institucional de más de tres décadas. Además, afirmó que el fiscal que llevaba el caso con mayor profundidad habría sido removido, lo que atribuyó a posibles motivaciones políticas o de corrupción. En ese contexto, responsabilizó directamente a la fiscal general por lo ocurrido.
El mandatario también advirtió sobre la existencia de nuevas redes de contrabando que estarían intentando ocupar el lugar dejado por Marín Buitrago, y señaló que estas organizaciones estarían utilizando criptomonedas como el Bitcoin para realizar sus operaciones.
En el plano político, Petro aseguró que algunos candidatos presidenciales de sectores de derecha tendrían vínculos con la dirección de la Fiscalía, e incluso afirmó que uno de ellos habría sido abogado defensor de Marín, aunque no reveló nombres.
Respecto a la situación actual del caso, Diego Marín Buitrago permanece en Portugal, donde solicitó asilo político para evitar su extradición a Colombia. La Fiscalía lo imputó formalmente en noviembre de 2025 por delitos como cohecho y concierto para delinquir, señalándolo de haber participado en múltiples eventos de soborno a funcionarios públicos por un monto cercano a 915 millones de pesos.
El proceso judicial en Colombia continúa en ausencia del acusado, luego de que un juez lo declarara en contumacia. Aunque se habían programado audiencias preparatorias, estas fueron aplazadas y aún no tienen nueva fecha definida.
Adicionalmente, en marzo las autoridades capturaron a varios implicados en la red, incluyendo cuatro expolicías y al político Freddy Camilo Gómez Castro, presuntamente vinculados con las actividades ilegales de Marín.
Finalmente, Petro afirmó que el propio Marín habría intentado infiltrar su campaña presidencial con financiación ilegal, algo que asegura haber rechazado. También advirtió que figuras de alto nivel —como senadores, expresidentes, funcionarios de la DIAN y altos mandos policiales— temerían las declaraciones que el acusado podría hacer si regresa al país.
En conclusión, el presidente exige que Marín Buitrago sea extraditado y comparezca ante la justicia colombiana sin presiones políticas, mientras sus denuncias abren un fuerte debate sobre posibles redes de corrupción dentro del Estado y la interferencia en procesos judiciales clave.
