El presidente Gustavo Petro denunció públicamente un grave problema de corrupción dentro de las Fuerzas Militares y la Policía relacionado con la minería ilegal de oro en Colombia. Según explicó durante un encuentro en Cali con mineros artesanales, en regiones críticas como Barbacoas y Samaniego (Nariño), caravanas de maquinaria pesada utilizada para la extracción ilegal están pasando sin problema por retenes militares gracias al pago de sobornos.
El mandatario fue directo: afirmó que algunos uniformados estarían recibiendo dinero para permitir el paso de estas estructuras criminales, lo que facilita la expansión de las mafias del oro. Incluso reveló que existen investigaciones en curso contra altos mandos, incluyendo generales, por presuntos vínculos con estas organizaciones. En ese contexto, ordenó depurar una lista de oficiales comprometidos y exigió que aquellos con nexos comprobados con el crimen organizado sean retirados del servicio.
Como respuesta a esta situación, el Gobierno ordenó un “plan de choque” contra la corrupción en zonas mineras. Una de las principales medidas será la rotación constante del personal militar y policial en estas áreas, con el objetivo de evitar que se establezcan relaciones de complicidad con grupos ilegales. Además, se busca recuperar el control territorial de ríos y túneles actualmente dominados por estructuras criminales como el Clan del Golfo.
Petro también hizo énfasis en la magnitud económica del problema: aseguró que la minería ilegal de oro ya superó al narcotráfico como el negocio más rentable para las mafias. Según explicó, esta actividad no solo financia la violencia —incluyendo el sicariato— sino que además permite el lavado de dinero a través de mercados internacionales, mientras en Colombia quedan los impactos negativos como la contaminación ambiental, especialmente por el uso de mercurio.
Frente a este panorama, el Gobierno plantea fortalecer la empresa pública Ecodorado, con el objetivo de formalizar a los pequeños mineros y comprar su producción a precios competitivos. La idea es separar a los mineros tradicionales de la influencia de los grupos armados y ofrecerles una alternativa legal y sostenible.
Finalmente, el presidente vinculó la lucha contra la minería ilegal con su agenda ambiental y de transición energética. Señaló que combatir estas economías ilícitas es clave para proteger la biodiversidad y avanzar hacia una economía más limpia. También fijó un plazo corto para ver resultados concretos en el control del territorio y la reducción de estas prácticas.
