El presidente Gustavo Petro reaccionó a la difusión de un video en la red social X en el que se observa a integrantes del programa de Gestores de Convivencia de la Alcaldía de Medellín agrediendo físicamente a varias personas en una plaza pública, mientras miembros de la Policía Nacional de Colombia permanecen presentes sin intervenir.
Ante estos hechos, el mandatario ordenó a la Policía impedir este tipo de conductas, calificándolas como una grave violación de los derechos humanos. En su pronunciamiento, utilizó un tono fuerte al señalar que la ciudadanía de Medellín no merece este tipo de agresiones, a las que describió como acciones de “bandas fascistas a sueldo público”.
Petro enfatizó que la Policía Nacional tiene un carácter civil y una función constitucional clara: proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y garantizar la convivencia pacífica. En ese sentido, advirtió que cualquier grupo que actúe ejerciendo control o fuerza por fuera de ese marco legal podría considerarse como una estructura parapolicial o incluso paramilitar.
El caso no es aislado. Desde octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo había advertido que los Gestores de Convivencia no tienen facultades para usar la fuerza ni para intervenir en protestas sociales. Según este organismo, esas funciones corresponden exclusivamente a unidades especializadas de la Policía, y siempre bajo criterios de proporcionalidad y respeto por los derechos fundamentales.
Las advertencias de la Defensoría surgieron tras denuncias de agresiones a manifestantes en Medellín, lo que encendió las alarmas sobre el uso indebido de estos programas civiles. A raíz de esos hechos, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el concejal Andrés Rodríguez Puerta, por presunta incitación a la violencia, luego de ser visto en situaciones relacionadas con confrontaciones durante protestas.
En su reciente intervención, el presidente reiteró su postura sobre el rol de la Policía como institución civil armada al servicio de la ciudadanía, diferenciándola de cualquier grupo que actúe sin respaldo legal o formación adecuada en el manejo del orden público.
El video que originó la polémica fue difundido inicialmente por el medio independiente “El Aguijón”. Hasta el momento de la publicación de la noticia, la Alcaldía de Medellín no había emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.
En conclusión, el hecho reabre el debate sobre los límites y funciones de los programas civiles de convivencia, el uso legítimo de la fuerza y la responsabilidad de las autoridades locales y nacionales en la protección de los derechos humanos en contextos urbanos.
