El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decidió suspender las negociaciones de paz con la guerrilla liderada por alias “Calarcá”, jefe de una de las principales disidencias de las antiguas FARC. Esta decisión se tomó tras considerar que el grupo incumplió compromisos clave y continuó realizando acciones violentas.
Los diálogos entre el Gobierno y esta estructura armada venían desarrollándose desde 2023, en el marco de la política de “paz total”. Sin embargo, durante un Consejo de Ministros, Petro fue contundente: si el grupo ha seguido matando soldados, cometiendo crímenes de guerra o violando acuerdos como la protección de la selva, no existen condiciones para continuar negociando.
El mandatario explicó que le pidió al comisionado de paz, Otty Patiño, revisar el proceso y, en la práctica, frenar los acercamientos hasta que haya garantías reales de cumplimiento. Reiteró que la paz no puede construirse “sobre mentiras”, sino sobre compromisos verificables y serios.
La disidencia de “Calarcá”, perteneciente al llamado Estado Mayor de Bloques, ha sido señalada por las autoridades de mantener actividades criminales pese a estar en negociación, incluyendo expansión territorial, ataques a la fuerza pública y enfrentamientos con otros grupos armados. Entre los hechos atribuidos están masacres, ataques a aeronaves militares y acciones contra civiles.
Además, este grupo obtiene financiación de economías ilegales como el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y la deforestación para expandir la ganadería, lo que agrava su impacto en regiones como la Amazonía y zonas fronterizas.
En paralelo, el presidente también abordó el tema de la extradición de narcotraficantes hacia Estados Unidos. Afirmó que su gobierno ha extraditado cerca de 600 personas, pero cuestionó que la atención internacional se concentre en casos específicos como “Calarcá”. Según Petro, algunos de estos extraditados intentan negociar beneficios judiciales señalándolo falsamente de haber recibido financiación ilegal.
Este episodio representa un nuevo golpe a la política de paz total, que ha enfrentado múltiples dificultades debido a la continuidad de la violencia por parte de varios grupos armados. La suspensión de los diálogos con “Calarcá” refleja que el Gobierno está condicionando los procesos de negociación al cumplimiento real de los acuerdos y al cese de las hostilidades.
En síntesis, la decisión de Petro marca un punto de quiebre: prioriza la credibilidad y el cumplimiento en los procesos de paz, dejando claro que no habrá negociación con grupos que continúen delinquiendo mientras dialogan.
