El presidente Gustavo Petro denunció públicamente la existencia de redes criminales y el hallazgo de armas en un predio que fue recuperado recientemente por el Estado en el municipio de San Zenón, en el departamento del Magdalena. La denuncia se conoció el sábado 13 de diciembre de 2025, luego de que el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Harman Felipe, divulgara información sobre la situación del terreno.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario afirmó que el predio, con una extensión cercana a las 2.000 hectáreas, había sido robado al Estado y que allí operaban estructuras ilegales protegidas por una supuesta empresa de seguridad privada. Petro señaló que el terreno perteneció a Enilce López, conocida como alias “La Gata”, y denunció hechos graves ocurridos en el lugar, entre ellos el asesinato de un dirigente campesino, así como el hallazgo de armas y municiones, lo que evidenciaría la presencia activa de organizaciones criminales.
La denuncia presidencial se dio como respuesta a un comunicado oficial de la Agencia Nacional de Tierras, en el que se resaltó la recuperación de la finca El Garzal, un predio de aproximadamente 1.900 hectáreas, como parte del proceso de Reforma Agraria impulsado por el Gobierno nacional. Según la ANT, luego de haber pertenecido a alias “La Gata”, el terreno fue ocupado de manera ilegal por Jairo Cantillo, alias “El Turco”, junto a sus redes criminales, quienes mantuvieron el control del predio durante años.
Las autoridades confirmaron que en el lugar se encontraron armas y municiones, lo que refuerza la hipótesis de que el predio era utilizado como base de operaciones ilegales. Además, se corroboró que en la finca fue asesinado un líder campesino, un hecho que refleja la violencia histórica ligada a la disputa por la tierra en la región y los riesgos que enfrentan las comunidades rurales en su lucha por el acceso a predios productivos.
La finca El Garzal tiene una fuerte carga simbólica y social, ya que su historia está marcada por el conflicto agrario y la resistencia campesina. En particular, se recordó el asesinato del líder campesino Luis Eduardo Cisneros, ocurrido el 9 de noviembre de 2025, cuando defendía el derecho de las comunidades al acceso a la tierra. Este crimen se convirtió en un símbolo de las dificultades que enfrentan los procesos de restitución y recuperación de tierras en Colombia.
Tras la recuperación del predio, el Gobierno entregó la finca El Garzal a tres organizaciones campesinas, con el objetivo de destinarla a la producción agrícola y avanzar en la Reforma Agraria. Según las autoridades, esta entrega busca no solo garantizar el uso productivo de la tierra, sino también reparar históricas injusticias y debilitar el control de las estructuras criminales sobre grandes extensiones rurales.
En conjunto, la denuncia del presidente Petro pone en evidencia la compleja relación entre crimen organizado, concentración ilegal de tierras y violencia contra líderes sociales, así como los enormes desafíos que enfrenta el Estado en su intento por recuperar predios, garantizar la seguridad en el territorio y avanzar en una reforma agraria efectiva en regiones históricamente golpeadas por el conflicto.