El texto describe un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en medio de un debate político sobre la propiedad de la tierra en Colombia, específicamente sobre los baldíos de la nación. Petro insiste en que estas tierras deben destinarse al interés público y, en particular, al campesinado, conforme a la ley, y no pueden ser apropiadas por particulares.
El mandatario enfatiza que ningún presidente debería defender que familiares u otros actores privados se queden con baldíos, recordando que la legislación establece claramente que estos terrenos pertenecen al Estado o deben ser adjudicados a campesinos. En su intervención, plantea que la concentración y apropiación indebida de tierras ha sido un factor histórico clave en la violencia del país.
Además, Petro conecta este problema con fenómenos estructurales como el desplazamiento forzado, el paramilitarismo y el narcotráfico. Según su postura, permitir o justificar que grandes hacendados ocupen ilegalmente baldíos equivale a respaldar dinámicas que han generado desigualdad, conflictos armados y crisis humanitarias en Colombia. Por ello, subraya que la gestión de estas tierras debe ajustarse estrictamente a la ley y orientarse a reducir la desigualdad rural.
El contexto de estas declaraciones involucra a la senadora Paloma Valencia, aunque el presidente plantea su argumento como un tema estructural más que personal. Sin embargo, se menciona un caso específico relacionado con su primo, Nicolás Laserna, quien había reclamado la propiedad de más de 6.000 hectáreas en el departamento del Vichada, en un predio conocido como finca Buena Vista.
Este caso fue objeto de procesos legales que determinaron que dichas tierras eran baldíos de la nación y, por tanto, habían sido ocupadas de manera indebida. Aunque inicialmente hubo decisiones judiciales favorables a Laserna y a otros involucrados, posteriormente entidades como la Agencia Nacional de Tierras y altas instancias judiciales, incluyendo la Corte Suprema, ratificaron el carácter público de esos terrenos.
Finalmente, Laserna llegó a un acuerdo para devolver las 6.182 hectáreas al Estado, lo que refuerza la tesis de que se trataba de baldíos. El caso ilustra la problemática más amplia de la apropiación de tierras en Colombia y sirve como ejemplo dentro del debate político sobre la reforma agraria, la legalidad en la tenencia de la tierra y la necesidad de garantizar acceso equitativo para el campesinado.
