El presidente Gustavo Petro publicó en la red social X una serie de acusaciones en las que señala posibles vínculos entre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el procurador general Gregorio Eljach con la familia Bautista, propietaria de la empresa Thomas Greg & Sons, encargada del software de preconteo y escrutinio electoral en Colombia.
Estas declaraciones se dieron en paralelo a una denuncia presentada ante la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en la que se advierten posibles irregularidades en el proceso electoral debido a los presuntos vínculos entre actores políticos y la empresa que maneja los sistemas electorales. La denuncia fue trasladada a la Registraduría Nacional del Estado Civil para su evaluación.
El mandatario expresó preocupación por lo que considera un riesgo para la transparencia electoral, al señalar que un candidato presidencial tendría relaciones con los propietarios del software encargado de procesar los resultados. Según Petro, esto es especialmente delicado porque el sistema de escrutinio debería ser completamente independiente y controlado por el Estado.
En sus señalamientos, Petro también vinculó a Eljach con figuras políticas como Alejandro Vega, resaltando su cercanía y trayectoria dentro del aparato estatal. Además, recordó que Vega, durante su periodo como registrador, habría incumplido una orden del Consejo de Estado emitida en 2018, que exigía la implementación de un software electoral público que garantizara la trazabilidad completa del proceso electoral.
Según el presidente, dicha orden judicial solo se ha cumplido parcialmente (alrededor del 15%), permitiendo que Thomas Greg & Sons continúe operando el sistema electoral, lo que —a su juicio— mantiene riesgos sobre la transparencia y el control de la información.
Otro punto clave de la denuncia es el control de datos. Petro advirtió que la empresa maneja información sensible de los ciudadanos, incluyendo datos relacionados con pasaportes, y sugirió que esto podría representar un riesgo potencial de manipulación electoral, por ejemplo, mediante la suplantación de votantes en el exterior.
Asimismo, el mandatario afirmó que el procurador Eljach habría intervenido para intentar frenar un nuevo contrato de pasaportes que reemplazaba a Thomas Greg & Sons, lo que —según su interpretación— buscaría favorecer a la empresa para que recupere ese negocio.
En cuanto al contexto, Thomas Greg & Sons ha estado a cargo de los procesos electorales en Colombia desde 2007 y tiene un papel predominante en el consorcio seleccionado para las elecciones de 2026. Sus funciones incluyen el preconteo, los escrutinios en distintos niveles, la digitalización de datos, la consolidación de resultados y la logística electoral. El contrato para estas elecciones asciende a aproximadamente 2,75 billones de pesos.
Finalmente, organismos como la Misión de Observación Electoral han advertido que en procesos anteriores (2022 y 2023) no se garantizó plenamente que el software electoral fuera propiedad del Estado, lo que refuerza el debate sobre la necesidad de mayor control público en estos sistemas.
En conclusión, el pronunciamiento del presidente Petro pone sobre la mesa preocupaciones sobre la transparencia electoral, los posibles conflictos de interés y el control de la información en los procesos democráticos, en un contexto político altamente sensible de cara a las elecciones de 2026.
