Presidente del Consejo advierte presiones por fallo

El presidente del Consejo de Estado, el magistrado Alberto Montaña Plata, expresó su preocupación por la seguridad de los jueces y por lo que calificó como intentos de manipulación frente a decisiones judiciales recientes, en medio de la polémica por la suspensión provisional del decreto que aumentaba el salario mínimo en Colombia.

En entrevista con Noticias RCN, Montaña Plata explicó que la Comisión Interinstitucional —que reúne a los presidentes de las altas cortes y a la fiscal general— emitió un comunicado al percibir no solo falta de respeto hacia las decisiones judiciales, sino también intentos de utilizarlas para debates ajenos a su naturaleza jurídica.

El magistrado subrayó que los fallos judiciales suelen tener impactos políticos, económicos y sociales, lo que genera reacciones en un Estado democrático. Sin embargo, enfatizó que existen canales procesales para controvertir las decisiones y que las manifestaciones no deben interferir con la independencia judicial ni convertirse en herramientas de presión.

Reacciones frente a la suspensión del decreto

Montaña Plata aclaró que el Consejo de Estado “no atenta contra trabajadores ni contra empleadores” y precisó que la decisión adoptada no se relacionó con la disminución del porcentaje del salario mínimo, sino con aspectos jurídicos del decreto.

En relación con el llamado a manifestaciones realizado por el presidente Gustavo Petro tras el fallo, el magistrado afirmó que se respeta el derecho constitucional a la protesta. No obstante, advirtió que cuando estas acciones afectan la independencia judicial o la seguridad de los jueces, es necesario reaccionar institucionalmente.

Preocupación por la seguridad

El presidente del Consejo de Estado relató que recientemente se registraron marchas de algunos grupos étnicos que generaron dificultades para jueces y magistrados, incluidos integrantes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quienes no pudieron salir de sus lugares de trabajo.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que tenga presente que los jueces actúan con fundamento en la independencia judicial y pidió que las manifestaciones, aunque legítimas, no influyan en las decisiones de los tribunales.

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