El informe de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) revela una realidad desgarradora: en lo que va de 2024, 13,478 mujeres han sido afectadas por el conflicto armado en Nariño.
Entre estos casos, 68 son delitos contra la libertad y la integridad sexual. Estos números no solo reflejan una estadística preocupante, sino que también evidencian el profundo impacto del conflicto en la vida de las mujeres en esta región.
La mayoría de los incidentes se concentran en áreas rurales de municipios como Telembí, Cordillera y Los Abades, donde la violencia sexual y los desplazamientos forzados han aumentado considerablemente.
Esta situación no es solo un problema local; es un fenómeno que exige atención inmediata a nivel nacional e internacional. Las condiciones de vida en estas zonas, marcadas por la falta de seguridad y la ausencia de un Estado fuerte, convierten a las mujeres en blanco de violencia y abuso.
Es imperativo que las autoridades y organizaciones humanitarias actúen de manera conjunta y coordinada para enfrentar esta crisis. La respuesta debe ser integral: no solo se debe buscar justicia para las víctimas, sino también garantizar su protección y ofrecerles el apoyo necesario para su recuperación. Esto incluye atención psicológica, acceso a servicios de salud, programas de reintegración y medidas que fortalezcan la autonomía económica de las mujeres.
Además, la comunidad debe involucrarse en la construcción de un entorno seguro y de apoyo, donde las mujeres puedan denunciar estos delitos sin miedo a represalias. La sensibilización y la educación son fundamentales para transformar la percepción de la violencia de género y empoderar a las víctimas.
Los registros indican que la mayoría de estos casos se han producido en áreas rurales de municipios como Telembí, Cordillera y Los Abades, donde la violencia sexual y los desplazamientos forzados están en aumento. La situación plantea un desafío urgente para las autoridades y organizaciones humanitarias que trabajan en la región.
La alarmante cifra de mujeres afectadas por la violencia en Nariño subraya la necesidad de una respuesta integral que no solo garantice la justicia, sino que también brinde protección y apoyo a las víctimas. La comunidad y las instituciones deben unirse para abordar esta crisis humanitaria y proteger los derechos de las mujeres en el departamento.
Es fundamental que tanto el gobierno como la sociedad civil unan esfuerzos para enfrentar esta problemática. Se necesita una respuesta integral que no solo busque justicia, sino que también garantice la protección y el apoyo a las víctimas. Esto implica la implementación de políticas públicas efectivas que aborden las raíces de la violencia, así como el fortalecimiento de los mecanismos de atención y reparación.
La alarmante cifra de mujeres afectadas en Nariño exige una respuesta contundente y efectiva. La unión de la comunidad y las instituciones es esencial para abordar esta crisis humanitaria y garantizar que los derechos de las mujeres sean protegidos y respetados. La paz territorial no puede alcanzarse sin una justicia que contemple a todas las víctimas, en especial a aquellas que han sufrido las consecuencias más devastadoras del conflicto.