Un POT  lesivo y regresivo en Pasto

Desde la administración del empresario Harold Guerrero López se inicia, según los entendidos, un descalabro en lo referente a ubicación de bares, discotecas, restaurantes, casas de lenocinio y otros negocios.
Pablo Emilio Obando.

Desde la administración del empresario Harold Guerrero López se inicia, según los entendidos, un descalabro en lo referente a ubicación de bares, discotecas, restaurantes, casas de lenocinio y otros negocios y emprendimientos que al mismo tiempo que generan trabajo y empleo, también se constituyen en factor de desorden, ruido, inseguridad y alteración del orden público. Se incrementa el consumo de licor y sustancias prohibidas en zonas residenciales.

De acuerdo a pronunciamientos de expertos en el tema, todo comienza cuando se aprueba un POT que no define claramente las zonas de tolerancia o de uso exclusivo para la recreación y el esparcimiento. Bares y discotecas se levantan en viejas y grandes casas sin el requerimiento de las condiciones mínimas para su funcionamiento. Sitios residenciales se convierten de la noche a la mañana en lugares donde se presentan grandes aglomeraciones. Se pierde la paz, la tranquilidad, el descanso en los hogares y se vuelve invivible el sector.

Las autoridades se encuentran con las manos amarradas y atadas. El POT es una mixtura de prohibiciones y permisos que impiden la presencia de la autoridad. Se inicia un problema que crece con los días al generar nuevos derechos de algunos empresarios en muchos sectores de la ciudad.

Es imperativo que la nueva administración tome cartas en el asunto y delimite las zonas y las condiciones de funcionamiento de este tipo de establecimientos. Es hora de convocar a empresarios, ciudadanos y trabajadores para tratar de frenar el creciente caos que un POT tan lesivo y desorganizado permite y genera.

Los residentes de estas zonas, que se encuentran por toda la ciudad y en sectores considerados residenciales, manifiestan su inconformidad por esta permisividad que se ampara en aspectos legales y jurídicos. Solicitan a las autoridades se haga cumplir una normatividad que los ampara y protege.

Se requiere un POT claro, garante de los derechos humanos y con fundamentos urbanísticos y residenciales. El problema se está escapando de las manos y amenaza con desbordar la capacidad de nuestras autoridades. No queda duda alguna, o mejoramos nuestro POT o nos condenamos a una ciudad en permanente caos, insegura y desorganizada.

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