Es un momento crucial para abrir un debate público en Colombia sobre la reforma de la Constitución Política y las leyes relacionadas con el sistema de selección de jueces y magistrados. Esta discusión es vital para asegurar que quienes imparten justicia sean verdaderamente libres e independientes, y cuenten con la legitimidad y la confianza de la ciudadanía.
Si bien es importante reconocer los avances logrados en las últimas décadas, como la ley estatutaria de administración de justicia, es esencial ir más allá y considerar cambios que fortalezcan la autonomía del poder judicial. Esto incluye establecer mecanismos que garanticen una selección más transparente y representativa de los jueces, fomentando así su legitimidad ante la sociedad.
El objetivo final debe ser contar con un sistema judicial que no solo sea efectivo, sino que también refleje y respete la voluntad del pueblo, asegurando una justicia más accesible y equitativa para todos los ciudadanos.
Es evidente que la selección de jueces y magistrados en Colombia ha sido objeto de constantes cuestionamientos, especialmente en relación con la transparencia de los concursos de méritos. La idea de permitir la elección de estos funcionarios por voto popular podría introducir un mayor sentido de responsabilidad entre los aspirantes, obligándolos a demostrar sus calidades profesionales y su compromiso con la justicia ante la ciudadanía.
Este sistema podría incluir requisitos adicionales para asegurar la idoneidad de los candidatos y establecer una lista de elegibles basada en los resultados de la votación, con la opción de un suplente en caso de ausencia definitiva. Sin embargo, es crucial considerar que tener jueces y magistrados elegidos por voto popular podría generar una dependencia hacia poderes externos, lo que afectaría su independencia.
Si los jueces deben su cargo a la voluntad popular, tendrían que alinearse con las expectativas de los votantes para poder ser reelegidos, lo que podría influir en sus decisiones judiciales. Esto plantea el riesgo de que el contenido de sus fallos se vea afectado por intereses externos, desvirtuando su función primordial de administrar justicia de manera imparcial. Por tanto, cualquier reforma en este sentido debe abordar cuidadosamente la necesidad de mantener la autonomía judicial mientras se mejora la legitimidad y la transparencia del proceso de selección.
Es fundamental que todos los candidatos a ocupar cargos de jueces y magistrados pasen por un filtro riguroso antes de poder postularse. Esto garantizaría que solo aquellos con la idoneidad y las calificaciones necesarias lleguen a la votación popular.
Además, permitir que los candidatos realicen campañas privadas para darse a conocer es crucial, ya que la ciudadanía generalmente no está informada sobre quienes se postulan. Sin embargo, es esencial establecer limitaciones en estas campañas para asegurar igualdad de oportunidades. Esto podría incluir regulaciones que promuevan la equidad en el acceso a medios de comunicación, garantizando que todos los candidatos tengan espacios iguales en televisión, radio y prensa, independientemente de sus recursos financieros.
Al fomentar un entorno donde cada aspirante pueda presentar su trayectoria y propuestas de manera justa, se contribuiría a que los electores tomen decisiones más informadas. Esta estrategia no solo aumentaría la transparencia del proceso electoral, sino que también fortalecería la confianza en el sistema judicial al permitir que los jueces sean elegidos con base en su mérito y capacidad, en lugar de su capacidad financiera para hacer campaña.