Se trata de una figura mediante la cual se buscará brindarles la mayor protección posible a los firmantes del Acuerdo de Paz y excombatientes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, quienes están siendo víctimas de asesinato, flagelo en el que nuestro departamento es uno de los más afectados.
Gracias a acciones de tutela, instauradas desde el departamento de Nariño y con una votación de 5 a 4, la Corte Constitucional declaró del estado de cosas inconstitucional ante el bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad a favor de las personas que firmaron el Acuerdo de Paz y abandonaron la entonces guerrilla de las Farc, por lo que se encuentran en proceso de reincorporación y hacen parte del partido político Comunes.
En ese sentido, la Corte Constitucional enfatizó en que ante el alarmante número de 303 firmantes del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la entonces Farc, que han sido asesinados hasta finales del 2021 de acuerdo con la información de las Naciones Unidas, así como el pobre nivel en lo que tiene que ver con la implementación de las medidas de seguridad para los desmovilizados, se decidió declarar el estado de cosas inconstitucionales.
Esta determinación que tiene carácter de histórica, se tomó en las últimas horas por parte de magistrados de la Corte, luego de estudiar cinco tutelas presentadas por excombatientes de las Farc de los departamentos de Nariño y Guaviare.
En el marco de esas tutelas, los exintegrantes de la guerrilla, reclamaban protección ante la serie de amenazas y riesgos para su seguridad e integridad física en sus territorios, ante la constante presencia de grupos armados.
Al respecto, la Corte determinó que existe una grave situación que ha afecta de manera directa, sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la paz.
Ordenó a su vez, que se deberán priorizar las zonas más afectadas por la violencia, entre las cuales están 25 municipios de Antioquia, Caquetá, Cauca, Meta, Nariño, Guaviare, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
En Cumbal
Para su determinación de exigir la inmediata protección de las personas amenazadas, la Corte Constitucional estudio las tutelas provenientes de los departamentos de Nariño y Guaviare.
En ese sentido se indicó que el primer expediente que se tuvo en cuenta, fue el que reúne las tutelas de cinco firmantes del Acuerdo de Paz, quienes en estos instantes se encuentran en proceso de reincorporación.
Se trata de quienes confirman la Cooperativa Multiactiva Frontera Sur de Tallambí, en el municipio nariñense de Cumbal, donde de acuerdo con lo que informan sus integrantes se pusieron en marcha proyectos productivos, como la cría, reproducción y venta de cerdos y el cultivo de maíz y otros productos agrícolas.
Sobre su situación denunciaron que existen riesgos colectivos ante la presencia del grupo ‘Oliver Sinisterra’ y del Ejército de Liberación Nacional Eln. Agregaron que la Unidad Nacional de Protección, en el momento de presentar la tutela, no le prestó ninguna medida de protección, al excombatiente Alberto López Palomino, a pesar de que luego de hacer el análisis de su caso, se estableció que se encontraba en riesgo extraordinario.
Riesgo en Tumaco
Otro caso que tomó en cuenta la Corte Constitucional fue la tutela presentada por Ricardo Palomino Ducuará, presidente de la Junta de Acción Comunal del Espacio de Capacitación y Reincorporación (Etcr), ubicado en el puerto nariñense de Tumaco.
Este es un espacio que reúne a 90 excombatientes de la Columna Móvil Daniel Aldana y del Frente 29 de extintas Farc. Aquí la queja se centraliza en que el esquema de seguridad asignado por la UNP (un vehículo blindado, dos carros normales, seis escoltas, un fusil y un arma de apoyo), presenta numerosas deficiencias, comenzando que solo hay 4 escoltas lo que el colectivo calificó como insuficiente para la protección de sus integrantes.
Otras disposiciones
Al declarar la Corte Constitucional el Estado de cosas inconstitucional por el asesinato masivo de exintegrantes de las Farc y la violación generalizada de sus derechos fundamentales, se exigieron las siguiente medidas para proteger a los reincorporados:
. Se debe disponer de suficiente presupuesto para que los firmantes del acuerdo que ejercen actividades de liderazgo político o social y que comparecen ante el Sistema Integral de Paz, gocen de la protección necesaria.
También demandó de la Procuradora Margarita Cabello el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, la adopción de medidas «para hacer cumplir de manera integral, coordinada y articulada las garantías de seguridad previstas en el acuerdo final de paz».
Igualmente ordena al Ejecutivo Nacional adoptar medidas concretas para garantizar la articulación entre los Pdets y los Programas Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo que a nivel municipal se han venido ejecutando asincrónicamente frente a la estrategia de seguridad.
También ordenó a la Unidad Nacional de Protección, UNP, reevaluar en los cuatro meses siguientes el riesgo que enfrentan los firmantes del acuerdo y advierte que, de ser necesarios nuevos esquemas de seguridad, se deberá hacer la respectiva contratación de los escoltas.
En la providencia pide el Congreso de la República dar el impulso indispensable para desarrollar los contenidos del acuerdo final de paz que aún se encuentran requeridos de implementación legislativa, relacionados con la posibilidad de materializar el concepto de seguridad.
La Corte Constitucional dispone, además, la creación de una Sala Especial de Seguimiento en la corporación para verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas.